En el escrito, la fiscal del caso, María Dolores Márquez, insiste, como ya hiciera en un anterior informe en el que se oponía a la admisión de la querella, en que debe esperarse al conclusión de la investigación del 'caso Marey' que instruye el juez Baltasar Garzón para saber si las afirmaciones de Amedo son o no veraces y, por tanto, constituyen un delito.

La fiscal dice que "espérese con prudencia y paciencia a lo que l proceso base depara" para conocer la verdad, para lo que aconseja un "transitorio, cauto y sereno silencio".

La representante del ministerio público, que deja constancia en su recurso de "una humilde y prudente protesta" porque el auto recurrido no responde a muchas cuestiones que planteaba en su informe contra la admisión, afirma que dicho auto contiene una "irregularidad procesal muy grave".

Explica que esto se debe a que el magistrado alegó en él que las únicas causas de desestimación de unaquerella son que los hechos relatados en ella no sean constitutivos de delito o que el juzgado no se considere competente para instruir la causa, lo que "no es cierto" para la fiscal, que precisa que no hay un "numerus clausus" de causas de desestimación.

Además, añade que según el Tribunal Constitucional, quien ejercita la acción penal a través de una querella no tiene un derecho incondicionado a la apertura del proceso penal y que una resolución de inadmisión de querella nunca es contraria al derech fundamental a la tutela judicial efectiva, si el órgano judicial entiende que los hechos imputados carecen de ilicitud penal.

En este sentido, recuerda una resolución de la Audiencia Nacional que rechazó una querella del Gobierno contra unos periodistas por los delitos de ofensas al Gobierno y desacato calumnioso alegando, entre otros motivos, que un ente jurídico, como es el Gobierno, no puede ser sujeto activo del delito de calumnia, del que sólo es sujeto las personas físicas.

Señala que "en uestra sociedad las instituciones están lo suficientemente implantadas como para que su prestigio o autoridad no reclamen protección tan rígida como la jurídico penal. Tener que echar mano de un Código Penal para que una institución sea respetada es sinónimo de debilidad de la institución que reclama ese tipo de amparo".

Finalmente, también rebate, en contra de lo que argumentó el juez Moreno, que la imputación de Amedo haya de considerarse falsa mientras no pruebe lo contrario. Para la fiscal, este rzonamiento vulnera la presunción de la inocencia del calumniador si es él quien tiene que probar la verdad o la del calumniado, si es a él a quien corresponde acreditar la falsedad.