Además, el fiscal se opone también al indulto para el ex gobernador civil de Vzcaya, Julián Sancristóbal, y el ex jefe de la Brigada de Información de la Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, condenados a 10 años y 9 años y medio de prisión -respectivamente-, por el mismo caso.

En relación con Barrionuevo, el fiscal hace un exhaustivo recorrido por las razones que desaconsejan la concesión de indulto. En primer lugar, recuerda que los solicitantes de la medida de gracia -un grupo de concejales de Ciudad Rodrigo (Salamanca)- "no se encuentran entre los legitimados" para pedir elindulto en nombre del ministro.

Además, el fiscal cita incluso la Constitución Española y recuerda que el artículo 102 niega la prerrogativa de gracia para el presidente del Gobierno y sus ministros, en caso de que estos hayan cometido delitos de traición o hayan puesto en peligro la seguridad del Estado.

El fiscal cita la amplia interpretación de este precepto y puntualiza que, si bien Barrionuevo no incurrió en los citados delitos, los hechos por los que fue condenado los realizó "en ejercicio e sus funciones" -de ministro-, lo que da lugar a un "obstáculo constitucional para contemplar siquiera la posibilidad de indulto".

Recuerda que la tutela judicial efectiva debe ser respetada en el sentido de que "las sentencias claman por ser cumplidas" y que "como excepción" a esta idea surgió la figura del indulto.

En este sentido, asegura que "en otros tiempos" el indulto "pudo tener una mayor justificación", ante la dureza de algunas condenas, pero eso no sucede ahora al estar el Código Pena bien adaptado a cada caso y sujeto concreto.

"En el caso enjuiciado no se aprecian las excepcionales razones de justicia, equidad o conveniencia pública", que aconsejan el indulto, insiste Luzón, para quien la condena del "caso Marey" se realizó "por hechos graves, habiéndose impuesto penas proporcionadas".

Finalmente, recuerda que Barrionuevo tiene otras causas pendientes con la justicia, que el informe de prisiones no alude al arrepentimiento del reo -que tampoco queda de manifiesto en sus decaraciones públicas- y que la víctima del secuestro, Segundo Marey, también se muestra contrario al indulto.

En el caso de Rafael Vera, las razones por las que rechaza el indulto son las mismas, excepto la alusión a la condición de ministro de Barrionuevo.

Respecto a Julián Sancristóbal y Miguel Planchuelo, quienes sí pidieron el indulto personalmente, el fiscal utiliza también las mismas razones de gravedad del delito por el que se condena y la corrección en las penas impuestas.

Miguel Plancuelo apeló en su escrito a los 56 años en los que realizó su labor como policía con una brillante carrera profesional e importantes servicios, a lo que el fiscal contesta con que esto no justifica el indulto al tratarse de una condena por hechos "que sin duda oscurecen" todo lo anterior.

Por su parte, Sancristóbal aludió en su solicitud de indulto a la medida de gracia concedida a 108 miembros de ETA político militar, -otorgada en los primeros años de la democracia española-, que comparó con la situacón actual.

El fiscal rechaza con rotundidad esta opción así como las afirmaciones de la defensa de Sancristóbal que asegura que "la mayoría de la opinión pública" es favorable al indulto a los condenados por el "caso Marey" y que "es hora de pasar página y olvidar los lamentables sucesos" relativos a este caso.

El fiscal deberá ahora informar, en los próximos días, sobre los indultos solicitados por el resto de condenados. Posteriormente, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que emitasu informe favorable o contrario al indulto para los condenados por el "caso Marey".