En una comparecencia que efectuó el pasado día 30 ante el magistrado, Roldán acusó a Corcuera, junto con Vera, de haber puesto en marcha en septiembre de 1989 una campaña de envío de cartas-bomba a personas relacionadas con HB y el entorno abertzale. Según Roldán, Corcuera le dijo que la operación contaba con el visto bueno del entonces presidente el Gobierno, Felipe González.

Afirmó que, como consecuencia de ello, el 20 de septiembre de 1989 murió el cartero de Rentería José Antonio González, al estallarle un artefacto en las manos cuando intentaba introducirlo en uno de los buzones del número 23 de la calle Juan de Olazábal de dicha localidad.

Además, acusó a Vera y a Argote de haberle propuesto que eliminase a los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, principales sospechosos del secuestro y asesinato de lospresuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ante el temor de que desvelasen datos sobre la 'guerra sucia' contra ETA.

Señaló, además, que el abogado le había confesado que los ex agentes de la Guardia Civil eran los autores del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala.

En su dictamen, el fiscal indica que por el momento no procede imputar a Corcuera en la causa por estos hechos hasta determinar la veracidad de la denuncia de Roldán.

Por ello, el fiscal pide al juez que averigüe i existe una causa abierta en algún juzgado de la Audiencia Nacional por el atentado en el que falleció el cartero de Rentería.

Las fuentes consultadas indicaron que en caso afirmativo, las declaraciones de Roldán sobre el envío de cartas-bomba podrían ser remitidas al juzgado competente, que, al parecer, es el número 4 de la Audiencia Nacional.

En su informe, el fiscal también se opone a imputar en el 'caso Oñaederra' a Vera y a Argote, señalando que los hechos de los que les acusó Roldán ya estn siendo investigados por el juez Javier Gómez de Liaño, instructor del 'caso Lasa y Zabala'.

Gómez de Liaño tomó declaración recientemente a Roldán, quien se ratificó en sus acusaciones contra Vera y Argote, tras lo cual el magistrado les imputó en el 'caso Lasa y Zabala'.

Además, el magistrado, que ayer tomó declaración a Vera, acordó procesar a Argote como encubridor de los delitos de los que acusa a Dorado Villalobos y a Bayo, clientes del abogado y quienes permanecen en prisión, por considerr que conoció que éstos habían secuestrado y asesinado a Lasa y Zabala antes de asumir su defensa.