Luzón, durante su informe final en el juicio, insistió en que las declaraciones de 10 de los procesados, reconociendo su participación en el secuestro de Segundo Marey, "son coherentes", mientras que "Vera y Barrionuevo se obstinan en negarlo".

El fiscal elevó hoy a definitiva sus conclusiones, en las que pide 23 años de prisión para los dos máximos cargos del Ministerio del Interior en la que fecha en la que se produjeron los hechos, y les imputa los delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos.

Para Luzón, la pertenencia a banda armada está clara, puesto que no se trata de una simple asociación ilícita -como cuando se juzgó a José Amedo y Michel Domínguez-, sino que se ha puesto de manifiesto que los supuestos delincuentes s aprovecharon de sus privilegios como máximos responsables del Ministerio del Interior para crear un grupo de presión -banda armada-.

Calificó de "verdadera barbarie" cometida por todos los procesados el secuestro de Marey y aseguró que éstos "tenían la conciencia clara, absoluta y segura de que el acto era ilegal en su inicio, ejecución y resolución".

"Nadie pensó en ponerlo -a Marey- a disposición judicial", continuó el fiscal, para quien el secuestro tenía dos objetivos: cambiar a Marey por lo GEOS detenidos en Francia tras una operación fallida (Larretxea) y forzar al país vecino en la colaboración contra los terroristas, al tiempo que se sembrar el temor en el entorno de ETA.

JUSTICIEROS

Finalmente, en cuanto a la malversación de caudales públicos, Luzón calificó de "clarísimo" que para este tipo de acciones delictivas se necesita dinero, y que el dinero, procedente del Ministerio del Interior, no fue utilizado para un fin público, sino para una cuestión privada.

Para el fiscal, etos fondos fueron usados por "quienes se arrogan de unas funciones justicieras al margen del derecho", pero que en el fondo persiguen "un fin privado e ilícito".

Además, Luzón rechazó el intento de algunas defensas de acogerse a la ley de obediencia debida a sus superiores, para justificar así la actuación de los procesados de menos rango. "Quienes hacen caso omiso de las normas de un Estado de derecho no pueden afirmar que cumplen con sus deberes o ejercitan lo que se les manda", insistió el fiscal. Por último, el fiscal dejó abierta la puerta del indulto, con una referencia a la posibilidad de que los procesados, en caso de que fueran condenados, pudieran acceder a él, sobre todo los de menor rango.