Para la Fiscalía del Tribunal Supremo, deberían ingresar en prisión el ex mnistro del Interior, José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, el ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, el ex socialista Ricardo Damborenea, y los ex policías Francisco Saiz Oceja, Julio Hierro, Luis Hens y José Ramón Corujo,

Sin embargo, considera que los ex policías Michel Domínguez y José Amedo, así como el ex responsable de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez, no debeN volver a prisió, dado que se encuentran en libertad condicional, al haber cumplido ya dos terceras partes de la pena.

Alvarez, que saldará su deuda penitenciaria el próximo 11 de julio, fue el único de los condenados por el secuestro de Segundo Marey que decidió cumplir los tres años y dos meses en que quedó reducida su pena tras el indulto parcial concedido a todos los implicados en el rapto por el Gobierno de José María Aznar en diciembre de 1998.

Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a 9 ños y medio de prisión y a dos años, cuatro meses y un día de cárcel, respectivamente, fueron los únicos que no se beneficiaron de esta medida de gracia, otorgada en diciembre de 1998.

El resto de los condenados e indultados parcialmente solicitó que se suspendiera la ejecución de la pena hasta que conocer la decisión del Tribunal Constitucional, que terminó confirmando la sentencia dictada por el Supremo para todos los condenados en el "caso Marey"·

Así, Barrionuevo debe cumplir tres años de priión, Vera, dos años y siete meses; Sancristóbal, dos años y cinco meses; García Damborenea, un año y 11 meses; Miguel Planchuelo, 2 años y cuatro meses; Saiz Oceja, un año y ses meses, igual que Julio Hierro; mientras que a Luis Hens y a Corujo les queda pendiente un año y cuatro meses a cada uno.

Ahora, el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo deberá decidir cómo ejecuta la sentencia confirmada por el Constitucional. Es decir, si los beneficios penitenciarios que recoge la ley deben aplicarse sobr el total de la pena que impuso en su día el Alto Tribunal o sobre lo que quedó de ellas tras la concesión del indulto.