En dicho escrito, la defensa de Domínguez precisa que "a raiz de la amplia colaboración que ha prestado con la justicia, poniendo en peligro su integridad física", el magistrado dictó un auto en el que acordó medidas de protección para el ex policía, lo que le ha provocado "una serie de trastornos que hacen imposible el poder disponer de un puesto de trabajo debidamente remunerado, como es el que dispone en la actualidad".

Explica que por dcho trabajo, como vendedor de seguros en una agencia, percibe un sueldo fijo aunque el grueso de las retribuciones son las comisiones por la cartera de clientes que va obteniendo, "sobresueldo que le es imposible seguir manteniendo ya que es muy difícil en su caso compaginar la protección con la actividad laboral, pues donde quiera que vaya, por así decirlo, ahuyenta a los potenciales clientes debido a la inseguridad que transmite".

Señala que a causa de esas limitaciones, los ingresos netos de que dipone se limitan a 75.000 pesetas al mes y recuerda que el pasado 17 de diciembre, el juez Garzón dictó un auto en el que dispuso, entre otras cosas, que "el Ministerio de Justicia e Interior provea de los medios necesarios de protección y escolta móvil y estática así como la manutención y prestaciones necesarias que se les produzca por la situación de vigilancia y protección permanente" a Domínguez y al ex subcomisario José Amedo.

Sin embargo, la defensa agrega que hasta el día de hoy, Domínguez no harecibido nada en concepto de "manutención y prestación necesaria por parte del Ministerio de Justicia e Interior, agotando todas las reservas económicas de que disponía hasta el punto de endeudarse".

Finalmente, estima en cerca de medio millón de pesetas la cantidad necesaria para cubrir sus gastos de manutención, consistentes, entre otros, en el alquiler de la vivienda, dado que no puede ser de propiedad por razones de seguridad, los gastos de la misma y el colegio de los hijos, que no puede ser públco al no estar la familia empadronada también por razones de seguridad.

La defensa de Domínguez basa esta petición en "la más elemental lógica y en la Ley de Protección de Testigos" ya que, según indica, "a la vez que coimputado, habida cuenta de que él mismo ha revelado al instructor de esta causa los hechos por los que se está encausado, es testigo en el sumario 1/88 con derecho a ser protegido y a que se le cubran las necesidades mínimas".

Esta solicitud fue formulada al juez Garzón el pasado es de julio pero el magistrado no la resolvió al remitir el 'caso GAL' al Tribunal Supremo tras aparecer en la causa cuatro aforados. Según las mismas fuentes, la petición contaba con el visto bueno del fiscal de la Audiencia Nacional, quien informó señalando que no se oponía a la concesión de la pensión de manutención.