De este modo, Garzón recupera desde primeras horas de la tarde la instrucción de las diligencias por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, con lo que podría citar a declarar inmediatamente al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, después d que el Tribunal Supremo confirmase que no dispone de fuero especial por razón de su anterior cargo.

En un auto hecho público hoy, el juez Bueren precisa que, además, los hechos alegados por De Justo en la recusación -la coincidencia con Garzón en Interior y el acceso de éste a los archivos y conocimiento de los fondos reservados del ministerio- "tampoco reflejan interés directo o indirecto" del juez para resolver el 'caso Marey' "en sentido diferente del hallazgo de la verdad material, dado que las rlaciones entre el recusante y recusado ni lo eran de igualdad ni de dependencia, con responsabilidades las de este último normativamente determinadas".

Para Bueren, que condena por ello a De Justo al pago de las costas del incidente, "pensar, sugerir o afirmar que el acceso a determinados cargos públicos, especialmente y por lo que al magistrado recusado se refiere, a los dependientes del Ministerio de Justicia e Interior lleva implícito la posibilidad o necesidad de actuar fuera del marco de la más etricta legalidad, es contrario a toda suposición judicial y tiende, cuando se hace sin prueba bastante, a erosionar la credibilidad de las personas, las instituciones y los pilares mismos de un Estado democrático de derecho".

El juez recuerda en su resolución que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 señala que los jueces pasarán a situación de servicios especiales cuando accedan a la condición de diputado -como fue el caso de Garzón- y tendrán derecho a la reserva de plaza y localidad de destinoque ocupasen.

Así, tras destacar que "hasta hoy nadie, ni este instructor, ha cuestionado la constitucionalidad de este precepto", indica que en atención a esa norma y a los principios constitucionales "no puede afirmarse apriorísticamente que tenga soporte jurídico que el desempeño transitorio de cargos en el Gobierno de un país determine la inhabilidad para el posterior desempeño de funciones jurisdiccionales".

Agrega que tampoco puede decirse que esas funciones "deban realizarse en órgano juridiccional diferente del que se era titular con anterioridad. No al menos desde la perspectiva legal y constitucional", insiste.

Finalmente, el juez Bueren descarta, en contra de lo alegado por De Justo, que Garzón tuviera interés directo o indirecto en la causa que hiciera que sus resoluciones afectasen, mediata o inmediatamente, del modo próximo o de manera remota, a las personas o bienes del recusado. Así, dice que el interés de Garzón era el de actuar con arreglo a la ley y en defensa de los princiios y valores constitucionales.

De Justo recusó a Garzón el pasado día 20 de enero, 4 días después de que el juez ordenase su ingreso en prisión en relación al 'caso Marey', argumentando que el juez tenía interés directo en la causa dado que coincidió con él en el Ministerio del Interior.

Además, De Justo alegó que Garzón asistió a todas las reuniones convocadas en el departamento, tenía acceso directo a toda la información de los archivos del ministerio, disponía de dos gabinetes de inteligenciaque investigaron sobre terrorismo y, además, compartía con él conocimientos relativos a los fondos reservados.

Garzón rechazó estas afirmaciones en un escrito remitido a Bueren el pasado día 24, en el que dijo que era "incierto, por obvio e inviable" que tuviera acceso a toda la información de los archivos de Interior. Además negó haber participado en reuniones en las que estuviera De Justo, así como haber tenido mando sobre fuerzas de seguridad del Estado y haber compartido con él ninguna informaciónsobre fondos reservados.