Según informó esta tarde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, las juntas de tratamiento de las prisiones en las que fueron internados han adoptado esa decisión aplicando el artículo 86.4 del actual Reglamento Penitenciario.

Ese artículo permite, en el caso de reclusos en tercer grado penitenciario, sustituir la obligación de pernoctar en prisión por determinadas comparecencias ante las autoridades penitenciarias, que conjuguen las exigncias de seguridad personal de los afectados con el cumplimiento de su condena.

En la decisión adoptada se han ponderado factores como que estos condenados habían delinquido por primera vez, la antigüedad de los hechos delictivos, su acreditada integración sociolaboral y la necesidad de protección para garantizar su seguridad personal, entre otras. Para la autoridad penitenciaria, "toda estas circunstancias evidencia en conjunto un grado de reinserción consolidado".

La situación del resto de los ondenados en el "caso Marey", y que no se encuentran en tercer grado, será estudiada por las Juntas de Tratamiento de los Centros en los que han reingresado, "que adoptarán las resoluciones procedentes", según Instituciones Penitenciarias.