Los delitos que se imputan a Planchuelo fueron investigados en un sumario, concluido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en abril del año pasado, relativo a los atentados contra los bares "Batzoki" y "Consolation" (Bayona y San Juan de Lz, respectivamente), cometidos en febrero de 1986 y en los que resultaron heridas un total de 7 personas. Por estos hechos, los ex policías José Amedo y Michel Domínguez fueron condenados a 108 años de cárcel.

En este sumario también se investigaron unos pagos realizados a los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez, para que supuestamente guardaran silencio sobre las actividades de los GAL, con dinero supuestamente procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior. El montante, 400 milones de pesetas, fue ingresado en unas cuentas suizas a nombre de las exposas de ambos ex agentes.

Según la investigación de Garzón, el dinero fue ingresado en unas cuentas corrientes suizas a nombre de las esposas de Amedo y Domínguez y salió de las arcas del Ministerio del Interior, previa orden del entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

Para el juez, quien ingresó el dinero fue el entonces secretario de Vera, Juan de Justo, que, para tal fin, viajó en varias ocasiones aGinebra durante 1989, acompañado por los guardias civiles Aníbal Machín y Félix Hernando.

Vera aseguró en su día que se había pagado esa cantidad a Amedo y Domínguez en concepto de indemnización por la pérdida del puesto de trabajo, ya que los dos ex policías estaban entonces en prisión por orden de Garzón.

En el auto hecho público hoy, los magistrados ordenan que este pago sea remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, con el fin de que el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera su ex secretario Juan de Justo, y los guardias civiles Aníbal Machín y Félix Hernando, sean juzgados por una presunta malversación de caudales públicos.

Para los magistrados, los asesinatos frustrados imputados a Planchuelo son competencia de la Audiencia Nacional, ya que son delitos presuntamente cometidos por un español fuera del territorio nacional.

Sin embargo, siguiendo la tesis mantenida por el fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, la Sala considera que la Audiencia Provincial de Madrides la que debe estudiar el pago del dinero a Amedo y Domínguez, dado que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar malversación de caudales públicos, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Es claro que el delito de malversación de caudales públicos se cometió precisamente en la capital de España", donde se encuentran depositados los fondos del Ministerio del Interior, concretamente, en una cuenta del Banco de España a nombre de esta cartera, argumentan los magistrados. Cuando concluyó la investigación, Garzón imputó también a Vera, De Justo, Félix Hernando y Anibal Machín un delito monetario. Sin embargo, la sala sobresee las actuaciones relativas a este aspecto, dado que "se trata de conductas que se encuentran en la actualidad sometidas a autorizaciones administrativas, que pudieran ser susceptibles de sanción de tipo administrativo, pero que han quedado despenalizadas".