De esta forma, el tribunal confirma la competencia del juez Garzón para continuar instruyendo dicho sumario, por el que investiga 4 asesinatos de los GAL y en el que también está imputado el general Enrique Rodríguez Galindo, que se adhirió a la petición de Cassinello.

El abogado de Cassinello, Antonio Bernal, solicitó a Garzón que declinase la investigación del caso en favor del juzgado central número 2 de la Audencia Nacional, ya que en 1988 abrió unas diligencias previas a raíz de unas declaraciones realizadas por el ex guardia civil José María Velázquez Soriano a una revista, en las que aludió al asesinato del refugiado Ramón Oñaederra, implicó a la Guardia Civil en los GAL y se autoinculpó de pertenecer a un comando de esa organización.

En una resolución a la que ha tenido acceso Servimedia, el tribunal señala que como consecuencia de dichas declaraciones, el juzgado número 2 abrió diligencias a VelázquezSoriano por simulación de delito, aunque también acordó librar una comisión rogatoria a Francia para investigar los hechos relatados por el ex agente de la Guardia Civil donde se hacía mención a que se seguian actuaciones contra él "por presuntas relaciones con la banda armada GAL".

La sala precisa en su auto que el juzgado, tras resultar infructuosas las gestiones practicadas para conseguir la identificación de los autores del delito, decidió el 27 de abril de 1987 archivar las diligencias seguidas cntra el ex guardia civil.

Precisa que en dichas diligencias se investigaba nuclearmente la conducta del ex guardia con sus declaraciones hasta que quedó supuestamente aclarada la mendacidad de éste, "lo que no descarta el que, al menos formalmente, se estaban también investigando los hechos sobre los que Velázquez había declarado al periódico".

Sin embargo, indica que en este último supuesto no habría fundamento para afirmar que el juzgado número 2 sólo investigue el 'caso Oñaederra', tal como piió la defensa de Cassinello, y no las demás acciones de los GAL a las que se refirió Velázquez Soriano en sus declaraciones, como el secuestro de Segundo Marey, que tramita el Tribunal Supremo.

Por ello, concluye diciendo que "no aparece proporcionado" atribuir al juzgado número 2 la investigación de todos los acontecimientos aludidos por el ex agente de la Guardia Civil.