En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, el abogado pone en conocmiento de la Sala que desde hace meses "están pendientes de resolución determinadas peticiones realizadas por esta parte, así como recursos, todo relacionado con la situación de los procesados que se encuentran en prisión", los ex guardias civiles de Intxaurrondo Felipe Bayo y Enrique Dorado y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga.

Señala que ello ocurre a pesar de que "cualquier tipo de diligencia relacionada con tal situación debe de considerarse de carácter urgente y de prioritaria rsolución, sin que puedan, al respecto, justificarse los retrasos, que en todo caso deberán de considerarse como indebidos".

Así, el abogado relata que con motivo del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto, por el que rechazó desclasificar documentos del CESID, presentó dos escritos ante el magistrado de fecha 7 y 23 de agosto "de los cuales sólo mereció contestación el último y ello en un plazo de más de 25 días", denegando su petición.

Agrega que contra dicha resolución interpus un recurso "y a pesar de haber transcurrido más de 20 días, aún no se ha resuelto el recurso en el que se trata sobre la libertad de los procesados. De esta forma queda cerrada la vía de la apelación ante la superioridad, sin justificación alguna".

El defensor de Rodríguez Galindo también denuncia que el juez también tiene pendiente de resolver otro recurso de reforma que presentó el pasado 28 de junio en el que Gómez de Liaño le denegaba la práctica de determinadas pruebas.

"Han transcurrido má de 90 días y el mencionado recurso no ha sido aún resuelto, dejando a esta parte inerme y por ello indefensa, estando algunos de los procesados en prisión", precisa el abogado, quien afirma en su escrito que "se denuncia expresamente indefensión y el retraso injustificado en la resolución de las cuestiones planteadas".

Argote también recuerda que el pasado 11 de julio presentó otro escrito en nombre de los guardias civiles Francisco Hermida y Luis Sandoval, a los que también representa, solicitando a juez el levantamiento, al menos parcial, de las medidas cautelares que les impuso: obligación de comparecer en el juzgado una vez al més y prohibición de abandonar el territorio nacional.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Sin embargo, señala que "tal solicitud no ha merecido respuesta del juzgado, a pesar de haber transcurrido más de tres meses" desde su presentación y afirma que "los indicados retrasos y todos aquellos otros que se vienen produciendo en la tramitación de las pretensiones o peticiones de estaparte perjudican gravemente a los procesados e imputados en este sumario y sin duda afectan a derechos fundamentales".

Por otra parte, destaca que "la situación de esta parte en el proceso, con tres procesados ingresados en prisión y con una reprochable presión pública de los medios de comunicación, y muy en especial del diario 'El Mundo', es de la más reprochable indefensión" a lo que, en su opinión, contribuye "de forma esencial el mantenimiento del secreto del sumario".

A su juicio, la situacin de los justiciables no se ajusta a lo establecido por la Constitución ni la ley del procedimiento penal y añade que "no parece razonable ni justificable el secreto que dura más de un año, cuando, además, se investigan hechos que datan de hace más de trece años".

Argote también ha dirigido otro escrito en el mismo sentido al juez Gómez de Liaño en el que le pide que levante el secreto del sumario en todas sus partes "y cese la situación de indefensión mantenida a lo largo de tan dilatado tiempo", asícomo que resuelva todas las peticiones y recursos que están pendientes "con expresa denuncia de indefensión y perjuicios indebidos en mis patrocinados por los retrasoso en las resoluciones y por el mantenimiento del secreto".