GAL. EL AOGADO DE PEROTE CREE QUE GARZON NO INTERFIRIO AL CONSEJO DE MINISTROS AL RECLAMAR LOS DOCUMENTOS DEL CESID

MADRID
SERVIMEDIA

Jesús Santaella, abogado del coronel Juan Alberto Perote, imputado en el 'caso Monbar', considera que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no interfirió las competencias del Consejo de Ministros al reclamar al Ministerio de Defensa varios docmentos del CESID clasificados como secretos.

Así lo expone en el escrito que hoy presentó Santaella ante el juez Garzón, después de que éste pidiese a las defensas de los implicados en el 'caso Monbar' que se pronunciasen sobre la admisión a trámite del conflicto de jurisdicción planteado por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, para negarse a facilitar al magistrado dichos documentos.

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional también solicitó a las partes que informasen sobre l posible comisión de un delito de denegación de auxilio a la justicia por parte del ministro de Defensa al negarse a facilitarle los documentos del CESID que le reclama.

En su informe, al que ha tenido acceso Servimedia, Santaella señala que "todo tipo de dudas son posibles" respecto al fondo del conflicto de jurisdicción, aunque agrega que "tal vez, en puridad, el requerimiento del juzgado, de fecha 11 de octubre de 1995, no implicaba en si mismo una interferencia en el marco de las competencias pretndidamente perturbadas" del Consejo de Ministros, en contra de lo alegado por el ministro de Defensa.

Por el contrario, considera que dicho requerimiento de Garzón supone "el ejercicio de una potestad jurisdiccional propia en el marco de una investigación penal".

Por ello, en su opinión, "lo que parece estar en cuestión no es tanto la titularidad de unas concretas competencias en materia clasificatoria de secretos oficiales como el alcance mismo de la calificación de un asunto como 'secreto' desd la perspectiva de la justicia penal".

Santaella agrega que esto carece de "encaje fácil en el marco de los conflictos de jurisdicción", por lo que estima que deberá ser dilucidado en su momento por el correspondiente tribunal, el cual, previamente, habrá de decidir sobre su competencia en ese sentido.

SECRETOS ILEGALES

A este respecto, recoge diversa doctrina y recuerda que, según Rodríguez Villasante, actual presidente del Tribunal Militar Central, "no cabe extender la protección de secreto alos 'secretos ilegales'" por no cumplir el requisito de materia "legalmente clasificada al contradecir normas constitucionales, penales, administrativas o del resto del ordenamiento".

En su informe, Santaella no se pronuncia, sin embargo, sobre si Suárez Pertierra podría haber cometido el delito de denegación de auxilio a la justicia al haberse negado a facilitar los documentos del CESID al juez Garzón.

Sí afirma, por otra parte, que el conflicto de jurisdicción planteado por el titular de Defens "cumple los requisitos formales mínimos exigidos" por la Ley de Conflictos de Jurisdicción, dado que está suscrito por un miembro del Gobierno a quien dicha ley otorga legitimación para ello.

Considera, sin embargo, que la admisión a trámite o no del mismo "no es algo que corresponda al órgano jurisdiccional requerido", en este caso el juez Garzón, sino "al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción" en el caso de que el juez de la Audiencia Nacional mantenga la competencia cuestionada.

"Al órgano jrisdiccional requerido de inhibición tan sólo le cabe declinar o mantener la referida 'competencia', cuando el órgano administrativo ha optado, más o menos fundadamente, por la vía del conflicto jurisdiccional", añade.

Por su parte, Jorge Manrique, abogado de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, anunció a Servimedia que no se pronunciará sobre la admisión o no del conflicto de jurisdicción ni sobre la posible comisión del delito de denegación de auxilio a la justicia por parte de Suárez Perterra.

Tanto la acción popular en el 'caso Monbar' como el fiscal del caso ya se han pronunciado en contra de la admisión del conflicto de jurisdicción por estimar que carece de contenido.

Además, mientras que la primera estimó que Suárez Pertierra podría haber incurrido en un delito al negarse a facilitar los documentos del CESID, el fiscal consideró que había que esperar a que se resolviese el conflicto de jurisdicción para apreciar si cometió en delito, del que dijo que por el momento no apreci en la conducta del ministro al actuar bajo la creencia "errónea" de estar al amparo de la Ley de Secretos Oficiales.

(SERVIMEDIA)
24 Oct 1995
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