Alvarez Cascos aclaró que esta cita fue concertada a instancias de Ricardo García Damborenea y que, en ella, "Barrionuevo me pidió que influyera en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su situación procesal", si bien más tarde precisó que en el momento de la reunión (enero de 1995) Barrionuevo no estaba aún procesado.

De acuerdo con esta versión, Barrionuevo habría buscado el apoyo de Cascos porque quería declarar ante el juez Baltasar Garzón en reación con el "caso Marey". El ex ministro había presentado un escrito en el CGPJ contra Garzón, por no tomarle declaración, al entender que se le estaba causando una situación de indefensión al no pedir su testimonio.

Además, el vicepresidente del Gobierno relató otra reunión (en febrero o marzo de 1994) sobre el "caso GAL", en la que participó junto a Rafael Vera y el ex ministro de Interior con la UCD, Rodolfo Martín Villa. En este encuentro, según aseguró Cascos, se trató de la línea a mantener en l Ministerio del Interior en todos las cuestiones pendientes, también en relación con el "caso GAL".

RESPONSABILIDADES POLITICAS

A lo largo de su intervención, el vicepresidente reconoció su reunión con Pedro J. Ramírez y con el abogado de los procesados José Amedo y Míchel Domínguez, pero negó con rotundidad que ofreciera ningún indulto para los procesados.

"Ni en mis declaraciones públicas, ni es mis conversaciones privadas, jamás he prometido o comprometido favor alguno o indulto alguno del ue pudieran derivarse algún tipo de conpromisos, y además jamás he dejado ninguna sombra de duda que el compromiso con el Estado de Derecho supone el esclarecimiento de la verdad y jamás su ocultación", dijo Cascos.

En este sentido, reiteró en diversas ocasiones a lo largo del interrogatorio que él, en sus actuaciones en relación con el "caso GAL", actuó siempre como un diputado que quería recoger toda la información posible para aclarar las responsabilidades políticas, sobre todo por la utilización faudulenta de fondos reservados.

A este respecto, se refirió al ex presidente del Gobierno Felipe González, de quien dijo que "existen suficientes elementos de convicción para determinar responsabilidad políticas en los gobiernos del señor González, por acción u omisión, en relación con el nacimiento, gestación, organización, financiación y finalización de las actividades terroristas de los GAL".

Cascos insistió en que "las responsabilidades políticas está claro que se han producido", si bien señaó que "se trata de una cuestión políticamente zanjada".