El portavozde Jueces para la Democracia (JPD), José Antonio Alonso Suárez, explicó que las declaraciones del ex ministro de Interior José Barrionuevo son "lamentables" y que debe probarlas porque son imputaciones "muy graves".

"Desde el punto de vista de la forma me parecen lamentables", añadió, "y en cuanto al contenido, las acusaciones de falta de parcialidad y las sugerencias de prevaricación, me parece que el ciudadano diputado que las ha formulado tiene que probar inexcusablemente que son ciertas".

Aloso manifestó que se trata de imputaciones "muy graves" a un juez que está ejerciendo su función jurisdiccional y, por lo tanto, constitucional. "(Garzón) es el juez competente según la Constitución y las leyes, y tiene derecho a trabajar como tal (...) y a investigar sin ninguna cortapisa y con toda tranquilidad todos los hechos que hayan podido denunciarse, derecho que, en principio, debe ser respetado por todo el mundo".

Asimismo, agregó que si Barrionuevo no puede probar la certeza de sus acusacions deberá asumir la responsabilidad correspondiente. En este sentido manifestó que el ex ministro podría ser acusado de desacato, "aunque eso sería ir demasiado lejos y adelantar acontecimientos", por lo que hay que esperar a ver cómo se resuelven las cosas.

Reiteró que el Consejo General del Poder Judicial no puede dirigir órdenes y mandatos a los jueces, ya que la Constitución señala que los jueces son independientes y están sometidos al imperio de la ley, y que si un magistrado yerra o comete algún rror, y eso da lugar a algún tipo de responsabilidad, ésta se le exigirá "a posteriori", no durante el proceso que instruye.

"Además, los procesos penales los investingan, en el curso de la instrucción, los jueces, no los ciudadanos", añadió, "un ciudadano no puede pretender ocupar una determinada posición procesal o meterse en un determinado procedimiento porque le de la gana. Eso lo tienen que decidir los jueces".

Respecto a la posibilidad de que el caso sea trasladado al Tribunal Supremo, talcomo sugirió Barrionuevo, Alonso manifestó que dicho organismo judicial sólo puede actuar en un caso, "cuando existe la atribución de un delito a un ciudadano que sea aforado, entre otros a un diputado". La imputación a un aforado ha de ser decidida por un juez.

NO HAY ESCUSA SUFICIENTE

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, aseguró a Servimedia que el hecho de sentirse aludido por uno de los testidos del `caso GAL' no puede servir de ecusa para descalificar públicamente a a Baltasar Garzón.

"Respetando la situación personal de quien se siente aludido por un testigo en un proceso penal con una alusión a supuestos hechos muy graves, comprendiendo la situación del señor Barrionuevo", dijo, "no creo que pueda eso ser suficiente disculpa para que promueva una descalificación pública contra el juez que está llevando el caso".

Rodríguez Arribas, que coincidió con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en que "hay qe dejar a los jueces que hagan su trabajo", señaló que las críticas que se hagan a cualquier magistrado han de pronunciarse siempre dentro de los límites del respeto hacia él.

Sobre las irregularidades del juez Garzón, que según Barrionuevo no actúa con objetividad, imparcialidad e independencia, Rodríguez Arribas indicó que en ese caso habría que recusar al magistrado. "Pero la recusación deberá hacerla alguna de las partes del proceso, no un señor que viene desde fuera", explicó.

Añadió que proablemente el hecho de que Garzón haya participado en la política y que después haya regresado a su función como juez es lo que ha hecho que Barrionuevo crea que el magistrado no esté actuando con imparcialidad.