En un escrito al que ha tenido acceso Servimedia, la acción popular reitera al magistrado, además, su petición de procesamiento de Barrionuevo por los delitos de detención ilegal, integración en banda armada y malversación de caudales públicos pues, en su opinión, existen "suficientes indicios de crimnalidad" contra el ex ministro.

La acción popular rechaza en su informe, en contra de las tesis del ex ministro, que los testimonios de los procesados en el 'caso GAL' que implicaron a Barrionuevo sean fruto de un plan preconcedibo en busca de un trato más favorable.

A su juicio, "ello es total y absolutamente contrario a la verdad", dado que "no se aprecia ningún móvil de animadversión o enemistad" en esos procesados contra Barrionuevo, sino que, por el contrario, "todos ellos han hecho firmes potestas de su admiración, agradecimiento y en algún caso amistad al mismo".

Además, señala que "no se limitan a inculpar a Barrionuevo, sino que asumen, si bien limitadamente, responsabilidades propias, lo que excluiría cualquier ánimo torticero".

También niega que el juez Baltasar Garzón adoptase, en su día, "decisiones ventajosas sobre la situación penitenciaria" de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez ya que, afirma, no tenía potestad alguna, puesto que la competencia era del juzgado e vigilancia penitenciaria y, además, fue el Ministerio de Justicia quien les concedió el tercer grado.

Asímismo, añade que es "absolutamente falso" que las confesiones de los procesados que le implicaron hayan sido premiadas con libertades provisionales sino que, "quienes han obtenido indiscutibles ventajas han sido los que se han mantenido en silencio, avalados económica y políticamente por el PSOE y respaldados por el Gobierno y no quienes han confesado su participación en los hechos".

ESTUPOR

Para la acción popular, la propia declaración del ex ministro, "absolutamente falta de credibilidad" y la "propia lógica de los hechos" no admiten otra explicación que su participación en el secuestro de Marey, máxime cuando éste ha justificado la detención de etarras en Francia, lo que causó "el estupor" de la opinión pública.

En este sentido, afirma que Barrionuevo podría haber incurrido en "infinidad de delitos de prevaricación" a lo largo de su mandato ministerial por haber manifestado que los drigentes etarras estaban localizados en el sur de Francia y no fueron detenidos.

Tras rechazar, como señaló el juez Móner en su auto, que el delito de detención ilegal haya prescrito, asegura que, además, la intervención de Barrionuevo en el secuestro no se limita a una mera cooperación necesaria, como sostuvo el magistrado, "sino que abarca también la figura de la inducción".

Tampoco considera que haya existido indefensión ni nulidad alguna, puesto que, a su juicio, "el proceso se ha desarrollad con plenas garantías" para todos y afirma que el juez Garzón tuvo "exquisita cautela procesal" cuando investigó el 'caso GAL', ya que no elevó las actuaciones al Tribunal Supremo "hasta que no aparecen referencias directas" contra el ex ministro, que corroboran las indirectas que hicieron Amedo y Domínguez.

Finalmente, estima que el delito de detención ilegal no es un hecho aislado ni independiente "sino una secuencia inicial en los acontecimientos criminales acaecidos durante cuatro años", por lo qu "simplemente la intervención del recurrente en el secuestro de Segundo Marey a cargo de los GAL sería suficiente para su procesamiento por integración en banda armada, en grado de promotor y dirigente".

"Cualquier otra explicación", concluye, "pugnaría con la lógica ya que sería incomprensible tanto la inactividad de investigación del Ministerio del Interior respecto de los GAL, como la pasividad ante el requerimiento de colaboración de las autoridades judiciales francesas, el sobrepago y ascenso de ancristóbal y Alvarez a las más altas responsabilidades de la lucha contraterrorista y el respaldo del ahora recurrente a Amedo y Domínguez cuando éstos fueron juzgados".