Asimismo, estos colectivos, englobados en una asociación europea a la que pertenecen los abogados de la acción popular en el 'caso GAL', decidieron también pedir al ministro de Justicia e Interior español, Juan Alberto Belloch, que "lleve hasta sus últimas consecuencia la investigación de las actividades de los GAL, en cumplimiento de su misión gubernamental y en coherencia con sus demandas de investigación".

La asociación también va a dirigirse al Ministerio de Justicia francés para que curse instrucciones al procurador de la República con el fin de que se reabran los sumarios de los GAL y "se investiguen a fondo las posibles connivencias o implicaciones de miembros de la policía francesa".

En un comunicado, estos colectivos señalan que en España la investigaión judicial se enfrente a múltiples dificultades por parte del Gobierno, "que está desarrollando una feroz campaña contra el juez instructor, Baltasar Garzón, utilizando para ello incluso la televisión pública y poniendo en grave riesgo la independencia del Poder Judicial".

Agrega que también hay "indicios sobre la connivencia de miembros de la policía francesa" con los GAL, "sin que, por el momento, se hayan podido determinar personas concretas o cargos ocupados por los mismos", ya que "nunca se ha nvestigado la más que probable intervención de miembros de la policía francesa".

Para esta asociación, "desde 1983 a 1987 el Estado español desarrolló una campaña de guerra sucia contra la organización ETA causando en el sur de Francia 28 muertos y un número similar de heridos, entre ciudadanos franceses y españoles, la mayoría ajenos a dicha organización armada".

Agrega que hacen estas peticiones conscientes "de que en la lucha contra el terrorismo el Estado jamás debe emplear medios ilícitos y e que la independencia del Poder Judicial debe ser garantía del funcionamiento democrático de los estados de derecho que conforman la Unión Europea".