Stampa hizo esta petición durante la segunda parte de la vista de apelación del recurso presentado por la acción popular contra la negativa del juez Eduardo Moner, instructor de la causa, a citar como imputados a González, el ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y el dirigente socialista JoséMaría Benegas.

El defensor de Sancristobal dijo que para supuestos como el presente, donde puede haber una implicación de carácter criminal contra un miembro del Gobierno, es necesario aplicar dicho artículo de la Constitución que señala que para los supuestos de delitos de traición o contra la seguridad del Estado, la acusación debe ser iniciada a instancia del 25 por ciento de los miembros del Congreso y aprobada por la mayoría absoluta de los mismos.

Ante esta petición, el presidente de la Sal Segunda, José Augusto de Vega, indicó que se trata de una cuestión de competencia ya resuelta tácitamente por la Sala desde el momento en que se ha venido actuando contra el ex ministro José Barrionuevo. No obstante, solicitó a Stampa que aclarase la relación entre esta cuestión y el recurso hoy debatido, a lo que el abogado señaló que si se está debatiendo si González declara o no como imputado, se trata del ejercicio de una acusación que constitucionalmente está reservada al Congreso.

A su juicio, s "absolutamente farisáico" decir que lo único que interesa es la presencia física de González y los otros aforados, y agregó que "sin actuar con el síndrome de Estocolmo", la petición de que comparezcan como imputados es tanto como ejercitar una acción penal contra ellos.

Asimismo, aclaró que ello no se corresponde con lo que afirmó Sancristóbal, quien dijo creer que González estaba al tanto del secuestro de Segundo Marey, ya que, a su juicio, las declaraciones de su defendido no son suficientes paraque se ejercite una acusación contra nadie porque Sancristobal consideraba que lo que sabía era una suposición.

ACCION PENAL

Por su parte, el abogado de Barrionuevo, Pablo Jiménez de Parga, rechazó que las declaraciones de González, Serra y Benegas como imputados constituya únicamente una acción de prueba, sino que supone ejercer una acción penal contra ellos.

Tras destacar que Stampa dejó claro que las acusaciones que Sancristóbal vertió contra González no tienen carácter de imputación, precis que los testimonios incriminatorios contra el ex presidente se limitan a las manifestaciones de Damborenea que, a su juico, habrá que valorarlas teniendo en cuenta si concurren en ellas algun motivo espurio.

En este sentido, recordó que García Damborenea fue un alto cargo del PSOE que fue expulsado del partido siendo secretario general González y que el acta de su expulsión la firmó Benegas. Agregó que Damborenea concurrió posteriormente a otras elecciones con su propio partido y que luego apoyó a ota formación política, en referencia al PP.

Por ello, a su juicio, hay que tener en cuenta las circunstancias que concurren para valorar las declaraciones de Damborenea "que hacen dudar mucho".

Finalmente, Manuel Cobo del Rosal, defensor del ex número dos de Interior Rafel Vera, destacó que numerosas denuncias se archivan en los juzgados de instrucción sin que el denunciado se entere de que ha sido objeto de acusaciones, y dijo que eso se debe a que hay una prevaloración por parte del instructor d la verosimilitud, racionalidad y credibilidad de los hechos denunciados.

Asimismo, restó credibilidad a la declaración de García Damborenea de la que dijo que sus imputaciones "aparecen y desaparecen como un Guadiana", al tiempo que destacó que su testimonio está lleno de impresiones subjetivas que no han sido ratificadas por ninguna otra prueba.

Al término de la vista, los diez magistrados que conforman el pleno de la Sala Segunda se reunieron para deliberar. Los resultados podrían conocerse esa misma noche.