El proyecto de ley, que Industria quiere aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes para remitirlo a las Cortes, permite al Gobierno crear un sistema de precios máximos, como los que ya existen para las gasolinas y gasóleos, que tenga en cuenta el coste real de la energía y las retribuciones de caa empresa que interviene en el proceso.

También formarán parte de la tarifa aquellos otros aspectos que son ajenos a las actividades de producción, distribución y venta a los consumidores de la energía, como es el caso de la amortización a las empresas propietarias de centrales nuecleares en moratoria, para las que el Ministerio de Industria prevé desarrollar un calendario de pago de 25 años similar al que rige para el resto de instalaciones no nucleares.

No obstante, dice el proyecto de ley, "lacuantificación global de las tarifas será siempre superior a la retribución conjunta" con el fin, explica el texto, de que "permita la remuneración de las empresas comercializadoras en relación con sus costes".

Entre los principales objetivos de la ley, según han explicado a Servimedia responsables de Industria, figura el dejar bien claro cuál es el precio de la energía eléctrica en España y fijar unos precios máximos que permita a las empresas competir entre sí sin lesionar los intereses de los consuidores.

Para lograrlo, Industria se autoconcede el privilegio de exigir a las empresas eléctricas y a sus cabeceras de grupo toda la información sobre su actividad y estados financieros que estime oportuna, para saber en todo momento si la retribución que se le ha reconocido a las copmpañías por su labor es correcta o ha variado.

Con esos datos, el Ministerio podrá determinar el precio que debe pagar la Corporación de Derecho Público que deberá crear el Gobierno para comprarle la energía a los prductores y vedersela a los distribuidores, ya que estas actividades no podrán ser desempeñadas por una misma empresa.

Sin embargo, lo que más competencia introduce en el sector eléctico será la separación de las actividades y la aparición de empresas de comercialización de energía, cuya labor será la de vender la energía y facilitar a los usuarios toda la instalación que necesita para que le sea facturada.

Mediante este sistema, Industria podrá saber con precisión lo que le cuesta a cada empresa acer lo que hace, ya que serán firmas diferentes, aunque con los mismos dueños, las que realicen cada actividad de producción, distribución y comercialización, con el factor añadido de que la futura Corporación, actuará como un intermediaiario entre los que generan luz y los que luego la distribuyen y la venden.

Por debajo de este sistema, las empresas comercializadoras podrán hacer lo que quieran con el precio que cobran por la energía, por lo que será mucho fácil que se produzca una férrea competenca entre ellas.

CONTROLES ESTATALES

No obstante, el Ministerio ha sido muy cauto a la hora de elaborar el proyecto de ley, y se fija una serie de garantías para velar por el cumplimiento de todo los anterior sin perjudicar la calidad del servicio, como es la posibilidad de retirar los permisos o autorizaciones que previamente haya concedido si existe alguna transgresión de la ley, e incluso intervenir la empresa si la situación encerrase un riesgo para el correcto suministro.

La institución respnsable en esta meteria será la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, cuyos gestores serán designados según determine el Gobierno y en la que previsiblemente estarán también presentes representantes de las empresas y los consumidores.

Dicha comisión también tendrá competencia para analizar todos los aspectos del sector que le pida el Ministerio de Industria antes de tomar alguna decisión en materia de política energética, pero su labor se limitará a ser sólo de cosultoría y no tendrá capacidad de deiberación.

En Industria también han sido previsores respecto a los efectos económicos que puedan provocar el mal funcionamiento económico de algunas empresas, y hace que sean el resto de las firmas que operan en el Sistema Eléctrico Nacional las que asuman ese coste de manera proporcional a las retribuciones que perciben por su actividad.