El nombramiento de Fungariño se realizó a propuesta del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en contra del voto unánime del Consejo Fiscal y "de la práctica mantenida por todos los anteriores fiscales generales desde la finalización de la dictadura", según señaló la UPF en in comunicado de prensa.

La UPF, que también ha interpuesto un recurso contra este nombramiento, que aún está en proceso de tramitación, denunció una vez más "el oscurantismo mantenido por el fiscal general del Estado y la ministra de Justicia, Margaita Mariscal de Gante, en la política de nombramientos", y manifestó que "seguirá defendiendo la existencia de un ministerio fiscal independiente e imparcial sin sumisión al poder ejecutivo".

La ratificación de Fungairiño en su puesto es, a su juicio, "el refrendo judicial de la conducta del fiscal general del Estado, desoyendo la voz unánime de la carrera fiscal", y supone "dejar sin contenido las funciones del Consejo, al privar al ministerio fiscal de la autonomía orgánica y funcional que la Constiución le otorga para el cumplimiento de sus fines".