Entre 30 y 35 magistrados (dependiendo de cuestiones de trabajo y personales de alguno de ellos) se reunirán en pleno para estudiar el primer recurso planteado por la Asociación de Fiscales (AF) en contra del nombramiento de Fungairiño, aprobado por el Gobierno tan sólo 72 horas después de que el Consejo Fiscal informara por unanimidad en cotra de este candidato.

Poco después, la otra asociación de fiscales, la Unión Progresista (UPF), decidió también recurrir la designación de Fungairiño, si bien este procedimiento se encuentra más atrasado en su tramitación que el anterior.

La sesión del pleno de la Sala tercera del Supremo comenzará a las 11 de la mañana y será previsiblemente en el Salón de Plenos de este organismo. Los magistrados estudiarán la alegación presentada por el propio Fungairiño y la opinión del abogado de Estado -qu apoyó el nombramiento- antes de tomar una decisión.

Fuentes del Supremo informaron a esta agencia que lo más posible es que tras la reunión se proceda a la resolución, si bien en caso de duda se podrían solicitar más pruebas. No obstante, lo habitual es que los magistrados voten sobre el particular y que se imponga la decisión que resulte apoyada por la mayoría.

El acuerdo de que sean los 35 miembros de la Sala Tercera quienes tomen la decisión parte de la iniciativa adoptada por algunos de esto magistrados, que remitieron un escrito a la presidencia de esta Sala para pedir que fuera el pleno el que decidiera este asunto de "vital importancia", y no una sección compuesta por cinco magistrados.

Se recurre así al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que "podrán ser llamados para formar Sala todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente o la mayoría de aquéllos lo estime necesario para la administración de justicia".ANTECEDENTES

No resulta muy habitual que el pleno de la Sala Tercera se reúna, si bien en los últimos años ha resuelto dos casos de gran trascendencia y en los que se mostró en contra de dos decisiones del Gobierno.

En el primer caso, el pleno declaró ilegal el nombramiento, a propuesta del Ejecutivo socialista, de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, por 27 votos en contra y sólo cuatro a favor.

Unos meses más tarde, en el asunto referido a los "papeles del CESID", el pleno de l Sección Tercera decidió que éstos debían desclasificarse, en contra de la decisión del Gobierno, del que ya era titular José María Aznar.

Fungairiño fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional en contra de la opinión mayoritaria de sus compañeros en la carrera fiscal. De hecho, no obtuvo ningún voto en su candidatura para ser fiscal de Sala, requisito previo para acceder a la Fiscalía de la Audiencia, ascenso para el que tampoco obtuvo ningún voto.

Tanto el fiscal general del Estado, JesúsCardenal, como el propio Gobierno desoyeron los informes del Consejo Fiscal, en contra de lo que establece el artículo 13.2 del Estatuto Fiscal, que señala que Cardenal debía proponer al Ejecutivo los ascensos de acuerdo con los informes elaborados por el Consejo Fiscal, y Fungairiño fue designado finalmente fiscal jefe de la Audiencia Nacional.