Entre 30 y 35 magistrados (dependiendo de cuestiones de trabajo y personales de alguno de ellos) se reunirán en pleno para contestar al recurso planteado por la Asociación de Fiscales (AF) encontra del nombramiento de Fungairiño, aprobado por el Gobierno tan sólo 72 horas después de que el Consejo Fiscal informara por unanimidad en contra de este candidato.

Poco después, la otra asociación de fiscales, la Unión Progresista (UPF), decidió también recurrir la designación de Fungairiño, si bien este procedimiento se encuentra más atrasado en su tramitación que el anterior.

Fuentes del Supremo informaron a esta agencia que lo más posible es que tras la reunión se proceda a dar a conocer a resolución, y que el sistema habitual es que los magistrados voten sobre el particular y que se imponga la decisión que resulte apoyada por la mayoría.

La decisión de que sea el Pleno de la Sala Tercera el que tome una decisión definitiva parte de la iniciativa adoptada por algunos magistrados. Estos remitieron un escrito a la presidencia de la Sala para pedir que fueran los 35 miembros de esta jurisdicción quienes decidieran sobre este asunto de "vital importancia", y no una sección compuesta por tes o cinco magistrados.

Se recurre así al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que "podrán ser llamados para formar Sala todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente o la mayoría de aquéllos lo estime necesario para la administración de justicia".

CONFORME

El término "conforme" aparece en el centro de la polémica del nombramiento de Fungairiño. Se trata de dilucidar si la opinión del Consejo Fiscal es o no vinculante ara el nombramiento de Fungairiño: en primer lugar para su ascenso a fiscal de Sala, condición indispensable para luego poder ser nombrado fiscal jefe de la Audiencia.

Fungairiño no obtuvo el más mínimo respaldo por parte de los fiscales que componen el Consejo en ningún momento del proceso para cubrir esa vacante. De hecho, el artículo 13.2 del Estatuto del Ministerio Fiscal dice textualmente que el fiscal general del Estado tendrá como atribución "proponer al Gobierno los ascensos 'conforme' a los iformes de dicho Consejo".

A pesar de ello, Fungairiño, Cardenal y el propio Gobierno del Partido Popular no han considerado vinculante el informe negativo del Consejo Fiscal y se produjo el nombramiento.

ANTECEDENTES

No resulta muy habitual que el pleno de la Sala Tercera se reúna, si bien en los últimos años ha resuelto dos casos de gran trascendencia y en los que se mostró en contra de dos decisiones del Gobierno.

En el primer caso, el pleno declaró ilegal el nombramiento, a propuesta de Ejecutivo socialista, de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, por 27 votos en contra y sólo cuatro a favor.

Unos meses más tarde, en el asunto referido a los "papeles del CESID", el pleno de la Sección Tercera decidió que éstos debían desclasificarse, en contra de la decisión del Gobierno, del que ya era titular José María Aznar.

Fungairiño fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional en contra de la opinión mayoritaria de sus compañeros en la carrera fiscal. De hecho, no obtuvoningún voto en su candidatura para ser fiscal de Sala, requisito previo para acceder a la Fiscalía de la Audiencia, ascenso para el que tampoco obtuvo ningún voto.