De esta forma, la Unión Progresista de Fiscales coincide con la Asociación de Fiscales, mayoritaria y de carácter conservador, que se ha pronunciado en los mismos términos.

Castresana explicó que la decisión del Gobierno es contraria al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, que garantiza la autonomía de la institución. "El problema es que, saltando por encima de la legalidad, el Gobierno ha hecho un nobramiento sin que concurran los requisitos legales, por lo que nosotros entendemos que supone un ataque grave a la autonomía del ministerio fiscal y es un acto contrario a derecho", señaló el portavoz de la UPF.

El portavoz calificó también de "insólita" "clandestina" y "sin precedentes" la actitud del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que ha ocultado tanto al Consejo Fiscal como a las asociaciones y a los medios de comunicación que iba a proponer el nombramiento de Fungairiño al Consejo de Mnistros.