El pasado 27 de marzo se celebró la reunión del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que, por 21 votos a favor y 13 en contra, decidió reafirmar a Fungairiño en su puesto al frente de los fiscales de la Audiencia Nacional.

Varios magistrados anunciaron entonces ue presentarían un voto particular en contra del resultado definitivo. Han sido en total 10, de los 13 que votaron en contra, los que han querido dejar clara su opinión contraria a la mayoritariamente aceptada.

La sentencia afirma que no es vinculante el informe del Consejo Fiscal y que, lo contrario "vaciaría de contenido" la facultad que tiene el fiscal general del Estado para nombrar a sus más estrechos colaboradores, y que le atribuye la normativa que rige a la carrera fiscal.

La polémica se entró en la interpretación del artículo 13.2 del Estatuto Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado debe proponer al Gobierno los ascensos de los fiscales "conforme a los informes de dicho Consejo" (el Consejo Fiscal).

La sentencia desestima que la palabra "conforme" quiera significar "vinculante", y apunta que "de una expresión semánticamente ambigua no puede derivar la desnaturalización del sistema legal de nombramientos para los distintos cargos del Ministerio Fiscal, y a tal alteració conduciría la interpretación de (...) "conforme", según la cual el ascenso viene absolutamente condicionado por el informe previo del Consejo Fiscal".

ANULAR EL CONSEJO FISCAL

El primero de los votos particulares, que firman el antiguo ponente Ramón Trillo y el magistrado José Manuel Sieira Mínguez, subraya que la sentencia anula el contenido del Consejo Fiscal.

"Esta tesis resulta en exceso reduccionista -por no decir anulatoria- del papel a jugar por el Consejo en un punto tan clave como el e determinar quiénes habrán de formar con carácter permanente la cúpula funcionar del Ministerio Fiscal", subraya este voto particular.

Otro de los votos, el formulado por Juan Antonio Xiol Ríos, y al que se adhieren Pascual Sala y Rafael Fernández Montalvo, va más lejos y apunta que la sentencia deja el nombramiento como fiscal de sala convertido en algo similar al de fiscal general del Estado, que es directamente acordado por el Gobierno.

Por ello insisten en la necesidad de que el propio Conseo Fiscal "sea configurado como un elemento de limitación o moderación al ejercicio de aquellas facultades del ejecutivo más susceptiles en dicho terreno de mediatizar el principio de imparcialidad y legalidad a los que el Ministerio Fiscal está sujeto en su conjunto", lo que queda absolutamente contrariado por la sentencia.

Insisten en que no debe dejarse esta capacidad relegada al ámbito de los "nombramientos políticos de confianza del Gobierno", y por ello subrayan que la decisión del Supremo "parec no admitir que el legislador pueda haber intentado establecer una cortapisa", para controlar este tipo de ascensos.

El tercero de los votos particulares fue formulado por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Eladio Escusol Barra y apoyado por Mariano Baena del Alcázar. Coincide en la necesidad de que el informe sea vinculante para Jesús Cardenal, a quien califica como "vinculado", ya que participó en la reunión de este órgano en la que se tomó la decisión de no apoyar la candidatura de Fungairiño

Finalmente, el último voto particular, que promueven los magistrados Claudio Movilla Alvarez y Segundo Menéndez Pérez, recuerda que durante los últimos 16 años el informe del Consejo Fiscal se ha considerado vinculante para las propuestas de ascenso a fiscal de sala que realiza el fiscal general del Estado, e insisten en el sentido gramatical de la palabra "conforme" tal y como lo entiende la Real Academia de la Lengua.