La entidaqd subrayó que no sabe "cuántas personas realmente están viviendo situaciones de maltrato”, aduciendo que “muchas de ellas son personas mayores frágiles; muchas de ellas, con demencias; muchas de ellas, mujeres”, por lo que “detectar el maltrato depende mucho de que se conozca y se tome conciencia social del problema”, que representa “una vulneración de derechos”.

Fundación Pilares rememoró que desde sus orígenes pide que “se conozca y reconozca a cada persona como única y valiosa en su dignidad, se tengan en cuenta sus opiniones y se facilite su participación social respetando siempre sus derechos de ciudadanía”, al tiempo que, cuando precisan apoyos y cuidados, “tengan protagonismo y participación en sus propios planes de atención y en la vida cotidiana, ya sea en sus domicilios como en residencias, apoyando que sigan controlando su propio proyecto de vida”.

También reseñó la importancia de que “se garantice el derecho a la sanidad pública de todas las personas independientemente del lugar en el que vivan, y se amplíen y mejoren los servicios que favorecen la permanencia en el domicilio y en la comunidad, apoyando a las personas cuidadoras familiares”, y que “haya mayor y mejor dotación de recursos, de profesionales y de formación, tanto del sistema sanitario como de los servicios sociales, y que los proyectos y programas que se realicen sean evaluados de manera sistemática”.

A su juicio, resulta necesario que “se fomenten las relaciones sociales intergeneracionales, la inclusión y la participación social de las personas mayores, para evitar el aislamiento y la soledad en que muchas viven”.

Fundación Pilares explicó que trabaja en uno de los proyectos apoyados desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 asociados a los fondos Next Generation para impulsar, junto con la Asociación Lares, diversas iniciativas relacionadas con la transformación del modelo de cuidados y demostrar su eficacia y eficiencia.

Por ello, mostró su confianza en que “se firme sin más dilación” el acuerdo que se debate en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para forjar un nuevo sistema de acreditación de residencias de ancianos.

En ese sentido, precisó que desde hace un tiempo está desarrollando una línea de investigación-acción sobre derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia, y recordó su pretensión de que se concrete un “cambio social transformador que debe contar con más recursos y una formación adecuada sobre el significado, metodología y técnicas de implementación del modelo, tanto en su dimensión de integralidad e integración de servicios, como en el de atención centrada en la persona.

Fundación Pilares ha creado una escuela especializada en Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) con docencia presencial y ‘online’, un máster que ya va por su novena edición, una Red de Buenas Prácticas con experiencias innovadoras y una línea de publicaciones especializadas.

De entre las más de 30 publicaciones que ha editado, resaltó las relacionadas con los derechos de las personas mayores, que consisten en resultados de investigación y un conjunto de guías en las que se contienen orientaciones dirigidas a organizaciones, profesionales, familias y a las propias personas mayores en situación de fragilidad, soledad o dependencia.

Estas guías buscan capacitar a las personas mayores para que puedan identificar los derechos que se vulneran en la vida diaria de la persona mayor cuando esta necesita cuidados y apoyos, muchas veces sin percibirlo; aprender estrategias y habilidades y dotarse de instrumentos que ayuden a garantizar el ejercicio de derechos de manera cotidiana en la relación de cuidados; y aprender a cuidar mejor y autocuidarse.

Desde su punto de vista, la sociedad española “necesita cuidar los cuidados, implicando a todas las generaciones, enseñando a cuidar(nos) desde la infancia, aprendiendo a ser más respetuosos con los derechos de las otras personas y transformando el modelo de cuidados predominante, que aún está teñido de asistencialismo”, puesto que “sólo así podremos construir la sociedad solidaria que queremos, en la que todos, con independencia de nuestra edad o nuestras condiciones de funcionalidad o salud, seamos considerados iguales en dignidad y derechos, a lo largo de toda nuestra vida”.

Por último, pidió a España que se sume a la petición de poner en marcha una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores.