Así se recoge en el cuaderno técnico 'Píldoras' para el mejor apoyo en salud mental, que la entidad acaba de publicar con el objetivo de servir de guía a familiares, curadores y profesionales a raíz de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En declaraciones a Servimedia, el doctor en Derecho, psicólogo, director del Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica de Fundación Manantial y autor de esta guía, Javier Pallarés, se refiere al estigma y a la influencia de los factores sociales en el bienestar de las personas con enfermedad mental.

Explicó que “de las más de 2.500 personas que atiende la fundación en Madrid y en Valencia, 215 tienen su capacidad jurídica modificada”.

De acuerdo con la nueva legislación, la administración debe garantizarles los apoyos individualizados que precisen para que puedan expresar su voluntad y tomar decisiones de forma autónoma, detalló.

Con la norma anterior, su capacidad jurídica podía quedar anulada y ser ejercida por la figura del tutor, que ahora desaparece.

Pallarés indicó que en el caso de las personas con enfermedad mental, sus necesidades de apoyo de cara al ejercicio de la capacidad jurídica “son parecidas a las de quienes tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual “.

CÓMO TRABAJAR

Sin embargo, “hay que tener en cuenta el estigma (supuesta impulsividad, conductas agresivas, etc.) y cómo la falta de empleo, las dificultades para acceder a una vivienda, la ausencia de relaciones sociales, la exclusión…, inciden en su estado” y lo empeoran.

En su opinión, las entidades de apoyo debemos trabajar con un enfoque social, superando el abordaje individual.

Según Pallarés, fundación Manantial fue modificando su forma de proceder con las personas tuteladas a raíz de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. "Siempre hemos procurado recabar y hacer valer la voluntad (de la persona); la diferencia es que ahora, la ley obliga a ello”.

Entre otras novedades, supone que “los usuarios deben acudir siempre al notario cuando se ven afectados, y que han de expresar su consentimiento ante cualquier acto jurídico”.

Esto implica que no se les puede administrar ningún tratamiento contra su voluntad (internamiento forzoso, medicación, intervenciones quirúrgicas…), prosiguió, ni tampoco efectuar ningún movimiento con su patrimonio.

Además, “la ley nos obliga a revisar los apoyos concedidos cada x años”, y ello “nos impone una reflexión profunda, que antes a lo mejor no hacíamos con tanto rigor”, recalcó Pallarés.

Es en este punto donde el autor apuesta porque los apoyos procuren fomentar la vinculación social de las personas con enfermedad mental.

“Trabajar para que encuentren un empleo y lo mantengan; ayudarles a conseguir vivienda; fomentar que establezcan vínculos sociales… Todo esto repercute en su bienestar, y es donde las entidades debemos centrar nuestros esfuerzos”.