El estudio destaca el dato extraído de la última encuesta sobre discapacidad realizado por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual cuatro de cada diez personas con minusvalía en edad laboral (37,3%) no tienen ningún tipo de formación reglada.

Del 61,2% restante que supera alguno de los niveles del sistema educativo, el 78,9% no obtiene ninguna cualificación específica y competitiva para el mercado laboral, y abandona el sistema esolar tras cursar EGB o BUP.

Además de la mejora educativa, el informe reclama a las administraciones y entidades privadas la supresión de las barreras que impiden la participación de los discapacitados, como las arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación. "Todas estas actuaciones adquieren su significación plena en la promoción del empleo, clave esencial para la integración", afirman los autores del estudio.

A su juicio, las estrategias de sensibilización de la opinión pública a favor de la gualdad de oportunidades deberían dirigirse a sectores de población diferenciados, entre los que cita profesores de Secundaria y universidad, médicos de atención primaria y empresarios.

"Deberían centrarse en la persona y no en la discapacidad, al objeto de mostrar las capacidades positivas de la persona discapacitada, así como sus aspiraciones y sus derechos a participar y compartir en términos de igualdad las obligaciones derivadas de la participación", afirma el informe.