El texto contiene siete recomendaciones básicas y ha sido remitido a todos los grupos parlamentarios para que las tengan en cuenta en sus programas electorales. El documento fue presentado por Francisco Abad, director general de la Fundación Empresa y Sociedad; Alberto Durán, vicepresidente primero ejecutivo de Fundación ONCE, y Pablo Juantegui, consejero delegado de Sanitas.

Durán señaló la importancia de que "las empresas se impliquen en el mundo de la discapacidad, "tanto en la creación de empleo como en la oferta de servicios y productos accesibles".

Por su parte, Francisco Abad subrayó el hecho de que, "hoypor hoy, no hay cifras públicas sobre el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI)" que, entre otras medidas, obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar un 2% de su plantilla para personas con discapacidad.

Por ello, los dos primeros puntos del documento proponen incluir un módulo específico y continuo sobre el empleo de discapacitados en la Encuesta de Población Activa (EPA), e informar periódicamente sobre los avances conseguidos en la aplicación de dicha ley.

En esta iniciativa han participado también miembros de la fundación, empresas ajenas a ella y entidades del movimiento asociativo, como laONCE o el CERMI, explicó Abad.

El director de Fundación Empresa y Sociedad calificó de "regular" la acogidarecibida por parte de los partidos políticos hasta ahora, pero advirtió de que "con independencia de su inclusión en los programas electorales, el primer mes de la próxima legislatura volveremos a insistir en nuestras propuestas, pues lo importante es que se pongan en práctica"

El documento aboga también por la elaboración de programas formativos específicos, por la aplicación al conjunto de los grupos corporativos (y no sólo centro a centro), de la cuota de de reserva, y por la inclusión de las empresas punteras en apoyo a la discapacidad en los foros del sector.

Por último, en lo referente a las medidas alternativas a la creación de empleo directo, la fundación propone flexibilizar los requisitos de información sobre compras a centros especiales para su contabilización y admitir que las aportaciones no dinerarias (especialmente las de consultoría u otros servicios profesionales) a asociaciones del sector computen como tales.