La propuesta es fruto de un estudio con varias simulaciones, hecho por Rubén Ruiz-Rufino, doctor en Derecho y miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. El estudio fue presentado hoy por el autor y por el vicepresidente de la Fundación, Nicolás Sartorius.

Sartorius dejó claro que el estudio no ha sido propuesto por ningún partido, sino que pretende aportar una base para que, en caso de que se plantee una reforma de la legislación electoral, existan datos sobre lo que ocurriría con cada modificación de variables.

El estudio parte de la base de que el sistema electoral español, proporcional pero con correcciones, ha demostrado luces y sombras a lo largo de las nueve convocatorias generales desde su puesta en marcha.

Entre las luces, destaca su capacidad para proporcionar mayorías estables y duraderas y para consolidar un sistema de partidos también estable. Entre las sombras, la falta de proporción entre los votos y los escaños obtenidos por cada uno de los partidos.

Esa falta de proporción hace que los grandes partidos obtengan mayor porcentaje de escaños que de votos, lo que ocurre, aún más acentuado, con los partidos cuyo electorado está en un solo territorio. Por el contrario, los partidos minoritarios de ámbito nacional, como Izquierda Unida, obtienen un porcentaje mucho menor de escaños que de votos.

Rubén Ruiz-Rufino ha hecho varias simulaciones modificando el sistema electoral a partir de los resultados del 14 de marzo de 2004, es decir, las últimas elecciones generales.

El objetivo era encontrar un sistema que mantuviera "las luces" del actual sistema y redujera "las sombras", alterando lo menos posible los criterios consagrados en la Constitución.

El sistema electoral actual se basa en la elección de 350 diputados, aunque la Constitución permite una oscilación entre 300 y 400. Las circunscripciones son las provincias más Ceuta y Melilla, y cada una de ellas tiene un mínimo de dos escaños, excepto las dos ciudades, que tiene uno cada una.

Eso supone que existen 52 circunscripciones y que su "tamaño electoral" varía entre el escaño de Ceuta y Melilla hasta los 35 de Madrid.

La fórmula de asignación de escaños es la Ley D´Hont, que divide el número de votos de cada partido entre una serie numérica de forma sucesiva, de forma que se prima a los mayoritarios en ese territorio. Además, existe un umbral del 3% de respaldo que debe ser superado para entrar en el reparto de escaños.

CON LOS DATOS DE 2004

La propuesta que hace Rubén Ruiz-Rufino consiste en incrementar a 400 los diputados a elegir y dejar que 350 se elijan como en el sistema actual. Los otros 50 serían elegidos en circunscripción única para toda España y no mediante la Ley D´Hont, sino mediante cuota simple, es decir, haciendo que cada escaño "cueste" el resultado de dividir los votos entre los escaños.

Esa modificación permite corregir las distorsiones provocadas por la Ley D´Hont, de forma que los partidos con amplia presencia en el conjunto del territorio o en una comunidad autónoma obtienen un número de escaños más proporcional, y se reduce la presencia en el Parlamento de los partidos con menos respaldo social pero muy concentrado en una parte del territorio.

Aunque la distribución de los votos y el tamaño de las circunscripciones sigue marcando el resultado final, aplicando este sistema a los resultados del 14 de marzo de 2004 se aprecian notables diferencias respecto de la actual composición del Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, con los votos del 14 de marzo de 2004, Izquierda Unida aumentaría un 40% su peso relativo en el Congreso de los Diputados, mientras que los nacionalistas la reducirían, en general, excepto en el caso de CiU, que aumenta un 5%, y de ERC, que se queda igual.

El caso más llamativo es el PNV, con una gran concentración de voto, que vería reducido su peso relativo en un 23%. PSOE y PP apenas alteran su presencia en el Parlamento, ya que los socialistas la aumentan un 0,30% y los populares la reducen un 0,08%.

Nicolás Sartorius defendió este sistema por entender que preserva la estabilidad de los partidos y del Parlamento pero otorga a cada fuerza política una representación más acorde con su respaldo electoral.