El informe, titulado "La contención del gasto farmacéutico" y realizado por Enrique Costas Lombardía, establece no obstante que la aplicación del copago debería ser "respetuosa con la equidad", por lo que excluiría a los pensionistas de rentas bajas y se adaptaría al valor terapéutico de cada nmedicamento.

Para amortiguar el "recelo social" que podría causar la medida, Fundación Alternativas propone la puesta en marcha de compensaciones por la vía de las deducciones fiscales o el aumento de las pensiones.

El informe establece que en 2001 los pensionistas originaron el 78% del gasto farmacéutico y el 70% de las recetas del Sistema Nacional de Salud (SNS). "La gratuidad del consumo de los pensionistas es un creciente foco de inflación y de enredo", subraya.

"La cantidad de pesetas por pensionistas ascendió a 83.736 anuales, nueve veces más que por persona activa (9.216), enorme desproporciónn que expresa las relativamente mayores necesidades asistenciales, un notable despilfarro", añade el informe, que apunta también la "cesión fraudulenta" de fármacos en recetas de pensionistas a familiares y amigos.

El informe incluye otra serie de medidas tendentes a reducir la factura sanitaria como la extensión de los precios de referencia, la promoción de la competencia entre las farmacias, la firma de un pacto con la industria, la prescrpición por principio activo o la contratación de asesores farmacéuticos en los centros de atención primaria.

URGENCIAS

Este informe de la Fundación Alternativas, cuyo Laboratorio preside el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray, se produce dentro del debate en el Gobierno, los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas para solucionar los problemas de la financiación de la sanidad.

En ese debate, el Gobierno maneja diferentes alternativas para bajar el gasto sanitario, que se dispara en recetas y en las atención en los servicios de urgencias.

Según ha podido saber Servimedia, una de las ideas que se barajan pasa por limitar el acceso a las urgencias y el abuso que puede suponer "saltarse" la atención primaria, algo especialmente habitual en el colectivo de inmigrantes.

Se trataría de implantar, como ya ocurre en Portugal, una tasa que deberían pagar quienes acudieran a urgencias por cuestiones que claramente entran en la atención primaria.

Con esta medida se conseguiría descongestionar las urgencias, uno de los principales focos de gasto del Sistema Nacional de Salud. Los médicos serían los encargados de decidir qué visitas son procedentes y cuáles no.