Además del diseño de un logotipo representativo de la efeméride, se presentará una nueva página web, desarrollada con los más altos estándares de accesibilidad y compatible con todo tipo de dispositivos. Está página contendrá información práctica para las personas con discapacidad y sus familias.

También se publicará una obra conmemorativa con testimonios de diferentes juristas que han colaborado con Aequitas, que será presentada en un acto institucional en Madrid, y se organizarán jornadas por todo el territorio nacional en colaboración con los colegios notariales y otras instituciones y entidades 'amigas', entre otras acciones.

La entidad destacó que “las personas son el objeto y fin esencial de la fundación. Por ello, en este 25 aniversario queremos recordar y colaborar con todos los que -en menor o mayor medida- han contribuido con su grano de arena a hacer posible el lema que nos rige desde hace un cuarto de siglo”.

"Queremos hacer más", apuntó la directora la Fundación AEquitas, Almudena Castro-Girona, quien es también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado.

La labor de Aequitas en materia de protección jurídica la ha hecho acreedora en este cuarto de siglo de varios premios y distinciones, como los otorgados por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); la Universidad San Pablo CEU o la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad o del Desarrollo (Feaps).

Una de las principales líneas de actuación de Aequitas es el impulso de reformas normativas para la mejora de la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. Sus miembros han realizado informes y comparecido en calidad de expertos ante diferentes órganos legislativos, como la Comisión de Justicia y Discapacidad del Congreso de los Diputados. Destaca su papel en la elaboración de la Ley sobre el Patrimonio Protegido de las Personas con Discapacidad en 2003; su contribución a la adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, desde que entró en vigor en España en 2008; o sus aportaciones a la reciente Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.