Los sindicatos recurrieron la decisión del Gobierno de congelar los salarios de los empleados públicos en 1997, invocando el acuerdo salarial que habían suscrito con el último obierno del PSOE.

El Gobierno presentó el pasado año un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que ahora ha sido aceptado por el Tribunal Supremo, que en un plazo de 10 días comunicará las razones para mantener la congelación.

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