Actualmente, según los datos recogidos por Servimedia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la que tocaría estudiar esta cuestión está resolviendo recursos que entraron en el Alto Tribunal entre los años 1996 y 1997.

Esto significa que si el Supremo admite a trámite los recursos que presente el Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional, la decisión definitiva tardaría, como poco, 4 años, al ser resuelta por una de las salas con más atraso de la Justicia española.

Según han reiterado varios miembros del gabinete de José María Aznar, el Gobierno presentará un recurso ante la misma sala de la Audiencia Nacional qu dictó la sentencia, a pesar de que el fallo niega la posibilidad de recurso. En caso de que la Audiencia rechace el recurso del Ejecutivo, éste acudirá en queja al Alto Tribunal.

Finalmente, no está claro si la interposición de este recurso paraliza el abono a los funcionarios de sus atrasos. En principio, los expertos consultados por esta agencia consideran que no, puesto que el recurso ante el Supremo debe ser el denominado en interés de ley, que no entra a resolver el fondo del asunto (el pago a ls funcionarios) y se limita a la doctrina del fallo, es decir, a establecer si un acuerdo entre sindicatos y Gobierno puede ser anulado posteriormente, como ocurrió en este caso.