Argumentan que el texto del acuerdo genera "grave inseguridad jurídica", y que además consagra "el despido libre, indiscriminado y sin derecho a indemnización".

Este grupo entiende que el Estatuto no garantiza la profesionalidad de los funcionarios ni los valores de neutralidad, imparcialidad y transparncia de la Administración.

También aduce que los sistemas de selección del personal se simplifican en benefico de la libre designación. Estos sindicatos y organizaciones califican de "lamentable" el hecho de que el acuerdo haya sido respaldado por tres centrales sindicales.

El comunicado está firmado por las asociaciones Independiente de Funcionarios de Las Palmas, Profesional del Cuerpo Auxiliar de Comunicaciones y Sindical Independiente de Ingenieros de la Administración Pública; y por las fedeaciones de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil y Sindical Independiente de Empleados Públicos de Cantabria.

También lo respaldan los sindicatos Acción Sindical Independiente, de la Función Pública de Madrid, Independiente de Justicia, Independiente de Servicio Exterior, de Trabajadores de la Administración Riojana y Unión Sindical Independiente de la Administración Pública; así como por la Unión de la Policía Municipal.