El ex ministro dijo que la sentencia de la Audiencia Nacional ahora anulada por el Supremo estaba bien fundamentada. Con la resolución del Supremo, añadió, cualquier gobierno puede sentirse autorizado para incumplir los pactos suscritos por un ejecutivo anterior.

Saavedra, que era ministro para las Administraciones Públicas cuando se firmó aquel acuerdo con los sindicatos y que ahora ocupa un escaño de senador, señaló que el Gobierno "tiene la obligación de negociar,lo que no hizo en el caso de 1997, con los sindicatos".

En su opinión, el Gobierno se saltó ese deber de negociar y ahora, pese a la sentencia del Supremo, "debería indemnizar por daños y perjuicios" a los empleados públicos.