El ministro explicó en la sesión de control al Gobierno que el Ejecutivo mantendrá su política respecto a los funcionarios públicos, que no incluye la apertura de un diálogo específico para negociar el pago del aumento de sueldo en 1997, cuya congelación fue anulada por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, se mantendrán abiertas las tres mesas de negociación actuales con las fuerzas sindicales y las ocho comisiones de trabajo sobre las coniciones laborales de los funcionarios y del personal laboral .

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, acusó al vicepresidente de "tener respuestas de mal pagador", y le instó a dialogar cuanto antes con los respresentantes de los funcionarios y a pagar la deuda que el Estado tiene contraida con ellos.

Acusó al propio Rajoy, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno, José María Aznar, de sacar "todos los caballos del miedo a la palestra", alertando del posible descontroldel déficit público y de la posible creación de un impuesto específico para afrontar los pagos.

A juicio de IU, esa estrategia sólo perseguía "enfrentar a los ciudadanos con los trabajadores públicos". Puso además de relieve las contradicciones del Gobierno, que ha pagado a las eléctricas más de 400.000 millones de pesetas y, además, subió el sueldo de los secretarios de Estado en un 30 por ciento en un periodo de congelación salarial para los funcionarios.

Con tal grado de endeudamiento, advirti Alcaraz, "ustedes verán pronto a las puertas de La Moncloa al hombre del frac instalando una tienda de campaña".

"No sé a quien veremos a la puerta de La Moncloa", le espetó Rahoy, "pero me temo que está usted bantante lejos, y con intervenciones como la de hoy se aleja más todavía".

Rajoy elogió la "acreditada" capacidad del Gobierno del PP para negociar con las organizaciones sindicales, como demuestra el hecho de que sólo en el ámbito de la función pública se han alcanzado, desde 1996, 19 acurdos en la Mesa General de Negociación, 21 acuerdos en Mesa de la Comisión Negociadora del Covenio Unico y 37 acuerdos en mesas sectoriales.

En este momento, insistió, hay una "presdisposición" del Gobierno al diálogo con sindicatos y empresarios, pese a que ya ha expresado su negativa a pagar el coste de la sentencia porque "como usted sabe no se trata de una sentencia firme".

"Entiendo", dijo a Alcaraz, "que usted tenga que apuntarse a lo que se apunta, aunque en el fondo es consciente de se trta de una sentencia, al menos discutible, y que el Gobierno tiene la obligación y el derecho de recurrir y eso es lo que hemos hecho".

Rechazó, por tanto, la idea de que el Gobierno se está enfrentando a los empleados públicos, ni a los jueces. Como prueba de ello, argumentó que "hemos recurrido al poder judicial para recurrir una sentencia que creemos que es lesiva para los intereses generales".