La oferta del Goierno consiste en dedicar una partida de 152.000 millones de pesetas para pagar tanto la subida salarial del 93 como la cláusula de revisión del 92 a empleados de la administración, las empresas públicas, el Ejército y las fuerzas de seguridad.

El único colectivo dependiente del capítulo primero de los Presupuestos del Estado que quedaría a salvo de este drástico ajuste es el de las clases pasivas (los pensionistas ex funcionarios), a los que el Gobierno garantizará el mantenimiento del poder adquisitvo.

Según las estimaciones sindicales, la oferta supone una merma de poder adquisitivo del 5 por cien, que se traduce en una disminución de ingresos de unas 84.000 pesetas anuales para los sueldos más bajos, que rondan las 100.000 pesetas al mes.

Ante esta situación, las Federaciones de UGT y CCOO en la Administración Pública barajan la convocatoria de movilizaciones, que serán concretadas si resulta infructuosa la reunión que mantendrán a mediados de la semana que viene con el ministro para las dministraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray.

Fuentes de UGT señalaron a esta agencia que no se plantean la realización de huelgas generales en el sector público, sino una "respuesta continuada" durante el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos, que se inicia el 1 de octubre.

Los sindicatos mayoritarios temen que la estrategia del Gobierno pase por provocar un enfrentamiento con los funcionarios que conduzca a una "degeneración" de los servicios públicos, que facilite un posteriorproceso de privatizaciones.

Tampoco descartan que la congelación de la oferta público para 1993 vaya unida a la ampliación de la edad de jubilación, permitiendo que continúen trabajando quienes hayan cumplido 65 años y voluentariamente así lo deseen.

De esa manera, habría un mayor número de cotizantes y menos pasivos cobrando pensiones, pero con el inconveniente, según las fuentes sindicales consultadas, de que el envejecimiento de la Administración podría empeorar la calidad del servicio.

EJEMLARIDAD

Por otra parte, el sindicato CSI-CSIF hizo público hoy un comunicado en el que pide que los altos cargos administrativos den ejemplo de austeridad dimitiendo de los cargos que desempeñan en Consejos de Administración de empresas públicas y reduciendo los coches oficiales a su disposición.

A su juicio, también deberían suprimir sus viviendas oficiales, limitar "una parte sustancial de sus gastos de representación", eliminar los viajes oficiales que comportan únicamente un "turismo camuflad" y evitar los "fastos oficiales insultantes para la ciudadanía".