A su juicio, "el Gobierno lo ha hecho mal política y jurídicamente" y, además, ha tratado de "involucrar a las Cortes" para que le hagan "de parapeto" y ocultar así sus equivocaciones.

Según la dirigente socialista, Aznar, Rajoy, Mariscal de Gante y el director general de los servicios jurídicos del Estado, como responsable máximo delos abogados del Estado, son los responsables del "berenjenal" jurídico actual por no haber advertido en su momento de que la Audiencia Nacional no era competente para resolver sobre una asunto que afecta a un precepto con rango de ley.

Rubiales explicó que, tras el traslado desde el Tribunal Supremo del recurso de Comisiones Obreras contra la congelación salarial a la Audiencia Nacional, por entender que se trataba de un asunto de personal, se abrió ya en la Audiencia un período de alegaciones previa que no fue aprovechada por el abogado del Estado para expresar sus reservas sobre la competencia del tribunal.

Posteriormente, en el período de 20 días para responder a la demanda, los servicios jurídicos del Estado tampoco advirtieron que la continuación del proceso en la Audiencia Nacional podría ser conflictiva puesto que este tribunal sólo puede resolver cuestiones que afectan a normas con rango inferior a la ley.

Esa actitud es consecuencia de que el recurso contencioso es considerado "uno ás" y que además el Gobierno piensa que "lo tienen chupado y lo van a ganar" y cuando se produce la sentencia reaccionan como "si se hubiera producido una hecatombe nacional".

Por todo ello, Rubiales consideró necesario pedir responsabilidades políticas al director general de los Servicios Jurídicos del Estado, que es un cargo político, y a sus superiores, la ministra de Justicia, el ministro de Administraciones Públicas y el presidente del Gobierno.