En una proposición no de ley presentada en el Congreso, a la que tuvo acceso Servimedia, el PSOE señala que la sentencia del Tribunal Supremo aprobando la congelación salarial de los empleados públicos de 1997 "ha puesto en cuestión la fuerza vinculante de los convenios y la eficacia de los mismos", ya que dicha congelación quebró el acuerdo alcanzado en 1995 por el Gobierno del PSOE y los sindicatos.

"El interés públicoexige que la materia retributiva y las condiciones de trabajo de los empleados públicos sean objeto de negociación y no consecuencia de decisiones unilaterales del Gobierno".

Además, como gran parte de las materias que afectan a los empleados públicos "tienen carácter básico" y son aplicables a todas las Administraciones, "el Gobierno debe establecer los cauces precisos para que el resto de Administraciones puedan participar en la determinación de dichas materias".