"El Gobierno no está en absoluto de acuerdo con la sentencia y va a recurirla la próxima semana, hasta el final, para que se modifique", dijo Posada a Radio Nacional.

El titular de Administraciones Públicas aseguró que la aspiración del Ejecutivo es que sea el Supremo el que tome la decisión definitiva y fije o anule la doctrina establecida por el fallo de la Audiencia Nacional, que considera que debió respetarse un acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos.

En cuanto al posible coste político de la actuación del Gobierno, al actuar en contra de los intereses conómicos de muchos funcionarios, Posada recordó que el Ejecutivo trata de defender su política económica, que cree la correcta.

Finalmente, sobre el número de funcionarios a los que afecta el fallo de la Audiencia Nacional, aseguró que su ámbito es "el de la Administración central del Estado", si bien recordó que CCOO ha pedido una aclaración de sentencia en este sentido.