Según indicó a Servimedia la portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Elisenda Malaret, el acceso a la jubilación parcial habrá de ser regulado posteriormente por una ley específica.

Para los funcionarios autonómicos, serán los gobiernos regionales los que deberán dictaminar su propia ley, mientras que en el Congreso habrá que regularse la situación de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE).

El sistema de acceso a la jubilación parcial para los funcionarios tendrá un patrón "muy cercano" al que ya disfrutan los asalariados a partir de los 60 años.

Además, las Administraciones Públicas se adaptarán a la "nueva concepción del espacio europeo universitario", nacida de la declaración de Bolonia, con lo que serán pioneras en esta cuestión.

Se van a reordenar los sistemas de clasificación del empleo público, con el consenso de todos los grupos parlamentarios menos el PP, lamentó la parlamentaria socialista.

El Estatuto del Empleado Público se ha adaptado también a los criterios establecidos por la Ley de Igualdad y se han introducido enmiendas de carácter técnico para mejorar el sistema de promoción interna de los funcionarios y el régimen de evaluación del desempeño de su labor.

Malaret se mostró "sorprendida" por el hecho de que el PP no se sume al consenso en esta ley, cuando "responde a los retos" que tienen las administraciones públicas en España. "Nos gustaría" que hubiese acuerdo en los siguientes trámites parlamentarios, "pero los veo un poco enrocados".

Tras el trámite de ponencia, cuya reunión se celebró hoy, el proyecto de ley será analizado en la Comisión de Administraciones Públicas tras el puente de la Constitución y la Inmaculada.

SUBIDAS EN LAS CCAA

Mientras, CiU informó en un comunicado de que algunas de sus enmiendas aprobadas en ponencia van a permitir a las comunidades autónomas fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de los empleados públicos.

De este modo, según destaca el portavoz de Administraciones de CiU, Jordi Jané, "se reconoce un aspecto que hasta el momento no estaba recogido en la leyes, dado que no reconocía que serían las administraciones autonómicas las que fijarían la cuantía y estructura de dichos complementos". No obstante, el Gobierno central seguirá fijando las retribuciones básicas.

Ante algunas carencias que CiU advierte en el ámbito competencial, Jané afirma que la formación condiciona su voto afirmativo a esta ley a que se introduzca de forma clara una salvaguardia de las competencias que los Estatutos autonómicos, como el de Cataluña, atribuyan a las comunidades autónomas en este ámbito.