Según Llamazares, la sentencia sienta "un importantísimo precedente, reconoce la negociación colectiva de los trabajadores públicos y tiene consecuencias económicas y de responsabilidad política" ineludibles.

En lo económico, Llamazares alertó sobre la necesidad de que el Gobierno explicite "cómo va a responder a las obligaciones" que se desprenden de la aplicación de la decisión de la Audiencia Nacional.

Además, destacó que debe haber responsabilidades políticas, porque anto el Gobierno del PP como el del PSOE han incumplido sus compromisos, "que han traído como consecuencia una situación grave para los funcionarios y para la Hacienda pública. Ellos tendrán que decir cómo lo solucionan".