UGT y CCOO cren que el diálogo social en la función pública "está al borde de la ruptura", pero seguirán negociando y han reclamado al Gobierno que recapacite y modifique su decisión. De no ser así, advirtieron al Ejecutivo que "esta medida injusta (la congelación) tendrá una justa respuesta" y "contundente".

En una rueda de prensa ofrecida tras comunicarles el Gobierno su decisión, el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, y el secretario de Acción Sindical, Enrique Alonso, que calificaron de "error, injustica y barbaridad" la congelación salarial de los funcionarios, advirtieron que "utilizaremos todas las armas sindicales legítimas que tenemos" para luchar contra esta medida.

Fernández no descartó que pueda vivirse en España una situación de huelgas y movilizaciones como la de Francia del pasado año al pretender aplicar el Gobierno de este país recortes sociales, porque "son muchos años de agresiones al colectivo de los empledos públicos. Yo creo que la paciencia de los empleados públicos tiene un límit".

Para Fernández, que dejó claro que todos los posibles acuerdos con la Administración en el área de la función pública "quedarán definitivamente rotos" si mantiene la congelación salarial, "lo lógico sería una respuesta en bloque de todos los sindicatos" a esta medida, por lo que indicó que mantendrán los pertinentes contactos con el resto de sindicatos de la función pública.

Alonso, por su parte, advirtió al Ejecutivo que "se puede encontrar con una reacción más dura que lo que puede ser una helga pasajera de los empleados públicos, la de no colaborar y perder absolutamente la confianza en el Gobierno y que no nos puedan pedir participación y colaboración, con lo que no se podrá llevar a cabo la reforma de la Administración y ello derivará en problemas para el conjunto de la sociedad".

"CON UÑAS Y DIENTES"

Por su parte, los responsables de las federaciones de la función pública de UGT, Carlos Sánchez, y de CCOO, Julio Lacuerda, dijeron en una rueda de prensa conjunta que la congelación e una "provocación" que debilita la credibilidad del diálogo social, y anunciaron que llamarán a los funcionarios "a defender con uñas y dientes" los acuerdos de 1994, que garantizaban el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 1997.

Aunque UGT y CCOO no descartan movilizaciones contundentes, entre ellas la huelga, por el momento sólo han anunciado que convocarán en septiembre asambleas y campañas informativas entre los empleados públicos para "generar un volumen de fuerzas uficiente" que haga al Ejecutivo variar su decisión.

Sánchez denunció que "no es de recibo" que el Gobierno condicione los salarios de los funcionarios a la evolución de la economía, porque recordó que la última congelación se hizo en 1994, cuando la economía española vivía los peores momentos de la recesión económica, mientras que en la actualidad la economía crece a un ritmo cercano al 3%.

Lacuerda y Sánchez señalaron que el diálogo social en la función pública "está al borde de la ruptura", peo "todavía creemos que el Gobierno va a recapacitar". Indicaron que abandonarán las mesas de negociación "cuando los órganos de dirección de sus organizaciones lo decidan y cuando no haya esperanza de alcanzar ningún tipo de acuerdo con este Gobierno".

Criticaron duramente que el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, haya pedido que la congelación sea una referencia en la negociación colectiva del sector privado. A este respecto, Sánchez indicó que en la reunión de esta mañana con la Admnistración "parecía que estábamos no con altos cargos de la Administración, sino con altos cargos de la CEOE".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, Javier de Vicente, advirtió al presidente Aznar que comete "un error político grave" al "dinamitar" los acuerdos con el anterior Gobierno, y anunció una confrontación directa contra la política del Ejecutivo en materia de empleados públicos.