La convocatoria de movilizaciones se anunció el mismo día que el Gobierno presentó el recurso contra la sentencia, el pasado martes, pero las federaciones del área pública de ambos sindicatos han necesitado varios días para limar sus diferencias en el enfoque de las acciones y acordar un calendario unitario de movilizaciones.

Estas movilizaciones consisten en una batería de acciones de protesta a partir de este mes y que se extenderán en el tiempo. Comenzarán con asableas en los centros de trabajo y seguirán con manifestaciones en todas las provincias y encierros.

Además, UGT y CCOO planean convocar una gran manifestación de empleados públicos de todo el país hacia el mes de mayo, así como la convocatoria de paros parciales y de una gran huelga general en el conjunto de la función pública hacia los meses de mayo y junio.

Las fuentes sindicales consultadas explicaron que una vez que lo anuncien los líderes sindicales, el calendario de movilizaciones será presntado a otros sindicatos del área pública, fundamentalmente a CSI-CSIF, para que se sume a las acciones de protesta.

Las movilizaciones de los sindicatos de la función pública van dirigidas a presionar al Gobierno para que cumpla la sentencia de la Audiencia Nacional, y también para que negocie con los sindicatos las demandas que motivaron la huelga general de funcionarios del pasado 14 de diciembre.

Esta huelga se llevó a cabo contra la subida sarial del 2% para este año y para exigir la cláusul de revisión salarial para los funcionarios, el aumento de las ofertas de empleo público para reducir la temporalidad en las administraciones y la tramitación del Estatuto de la Función Pública.

Tanto Fidalgo como Méndez han insistido, tras conocerse el recurso presentado por el Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional, en que el conflicto será duro y largo en el tiempo, y desembocará en una gran huelga general de empleados públicos.