La sala sentenciadora deberá decidir si cabe presentar el anunciado recurso contra el fallo, que obliga al Ejecutivo a abonar una subida igual al IPC previsto para ese ejercicio, del 2%, y los atrasos generados por su no aplicación en los años posteriores.

Si la sala sentenciadora considera que sí cabe recurso contra la mencionada sentencia, la Audiencia Nacional remitirá todas las actuaciones del caso al Tribunal Supremo, al que deberán presentare los recursos en sí con todos los argumentos que se consideren oportunos.

En la sentencia se precisa que no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, puesto que, de hecho, este asunto ya pasó por el Alto Tribunal, que derivó el conflicto a la Audiencia Nacional.