A pesar del secreto con el que se sigue la instrucción del caso, fuentes consultadas han señalado que el supuesto fraude puede ascender a diez millones de pesetas, los cuales habrían sido sustraídos en el momento de realizar pagos desde la Consejería de Industria, departamento al que estaba adscrito el funcionario.

En la actualidad, el sospechoso del fraude se encuentra de baja por problemas psiquiátricos, que le han provocado pérdida de memoria y otros trastornos. Aunque la fuentes no han precisado si su enfermedad se produjo antes o después de iniciarse el expediente administrativo contra su persona, señalaron que fue la incoación del mismo lo que dio origen a la enfermedad.

El consejero de Economía y Hacienda, Manuel Pérez, encargó la apertura del expediente informativo sobre el funcionario a principios de 1994 (con el número 2), al detectarse algunas irregularidades.

Concluido el mismo, el 12 de agosto pasado la consejería remitió a la fiscalía cántabra el expedente y el 21 de agosto ésta decidió tramitar la denuncia. El Juzgado número ocho de Santander, encargado de la instrucción, procederá ahora a tomar declaración a distintas personas relacionadas con el departamento de pagos de la Consejería de Industria, comenzando por el propio denunciado.