Fungairiño, que cuenta con gran apoyo entre los fiscales de la audiencia, ejerce como jefe en funciones, ya que es el `número 2' de ese organismo y uno de los 4 fiscales de ese tribunal a quienes la Fiscalía General del Estado abrió un expediente tras la inspección realizada allí en octubre pasado.

En concreto, el teniente fiscal fue expedientado junto con la fiscal María Dolores Márquez como autores de una falta muy grave por el ocultamiento al juez Manuel García Castellón de un infome sobre el atentado que perpetró ETA contra José María Aznar en abril de 1995.

Dicho informe, que fue encontrado por la inspección de una carpetilla de la fiscalía, descartaba la participación en esa acción terrorista del etarra Mikel Azurmendi, "Ankas", a quien la fiscal pidió en varias ocasiones sin éxito procesar por ese atentado.

Tras conocer que la fiscal Márquez estaba siendo investigada por estos hechos, Fungairiño remitió un escrito al fiscal general, Juan Ortiz Urculo, en el que respaldba la actuación de su colega y afirmaba que ésta había actuado en el sumario del atentado contra Aznar siguiendo instrucciones suyas.

Estos hechos fueron calificados provisionalmente por el instructor de los expedientes, el fiscal del Tribunal Supremo José Iscar, como constitutivos de una falta muy grave ya que, a su juicio, suponen "una conducta irregular que compromete la dignidad de la función fiscal".

PENDIENTES DE RESOLUCION

Sin embargo, los dos fiscales expedientados rechazaron dicha acusción en las alegaciones que remitieron al instructor a finales del pasado mes de enero, en la que, aunque no la pedían expresamente, indicaban que la falta que se les imputa ha prescrito.

La conclusión de la tramitación de los expedientes está pendiente en la actualidad de que el instructor eleve a la fiscalía general su propuesta de sanción contra los dos fiscales que, en el caso de mantener su calificación inicial de falta muy grave, podría implicar la suspensión de empleo y sueldo de un mes a un añ.

El plazo para la presentación de las candidaturas al cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, abierto el pasado día 10, concluye esta semana, tras lo cual el Consejo Fiscal deberá pronunciarse al respecto, para lo que se reunirá el próximo día 25.

Ortiz Urculo decidió trasladar a Aranda de puesto, con el visto bueno del Consejo Fiscal, por no haber ejercido debidamente su autoridad para frenar los enfrentamientos que surgieron en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Desdesu remoción, Aranda permanece adscrito al Tribunal Supremo, dado que tiene categoría de fiscal de sala, aunque desde el pasado mes de diciembre se encuentra de baja.