Según informó este jueves el Ministerio del Interior, estos datos provienen de la estadística que reúne las actuaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y cuerpos de Policía Local.

Estos cuerpos llevaron a cabo el año pasado 1.310 operaciones contra los derechos de propiedad industrial, que culminaron en la detención o investigación de 1.238 personas por delitos.

El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos corresponde al sector textil (62%). Le siguen, por volumen, los sectores de la juguetería (12,9%), marroquinería y complementos (4,5%) y calzado (3,1%).

En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes (67,8%), seguido de establecimientos comerciales (18,4%) y domicilios (5,1%). Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia son las comunidades autónomas donde se ha intervenido mayor número de artículos falsificados.

“CONSECUENCIAS NEFASTAS”

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha agradecido la labor de los cuerpos policiales en las operaciones de lucha contra las falsificaciones, incautación y retirada del mercado de los productos falsos.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial tienen “consecuencias nefastas para la economía y la sociedad, destruyen puestos de trabajo directos, y reducen la venta de los productos legítimos”, explicó la Oficina. Los productos falsificados suponen un riesgo para los consumidores, al eludir los controles de calidad y las normas de fabricación, así como los controles e inspecciones oportunos para su posterior comercialización de forma segura.

Los datos publicados resultan de gran valor en el diseño de acciones dirigidas a la sensibilización y concienciación de la población sobre los efectos negativos del consumo y adquisición de productos falsificados en España. Asimismo, la OEPM trabaja con un compromiso firme en la implementación de políticas públicas de protección de los derechos de propiedad industrial más eficaces y de lucha frente a su vulneración.