En el encuentro, formalizarán la solicitud presentada por el presidente de la comunidad autónoma, Manuel Chaves, a la junta de accionista para que se retire el punto número tres de la orden del día, que prevé el cierre de las minas.

Esta medida significaría la pérdida de centenares de puestos de trabajo para los empleados actuales y de la pensión para decenas de jubilados.

Según el presidente del comité de empresa de UG, Juan Caro, los trabajadores no descartan la posibilidad de emprender nuevas movilizaciones, si la empresa clausura los centros laborales de La Zarza, Corrales, San Telmo y Tharsis.

Los mineros han padecido reiteradas situaciones de impago y retraso de salarios por las que protagonizaron diversos movimientos de protesta.

Entre esas acciones reivindicativas, destacó la marcha de 40 kilómetros que realizaron a pie desde Tharsis hasta la capital de la provincia.

Los dirigentes de la UGT temen demás que la disolución de la empresa provoque un considerable retroceso en el desarrollo socioeconómico de la zona, dado que el cierre afectaría, asimismo, a numerosos comercios "que viven de los servicios que utilizan los mineros, panaderías, bares y mercados que se veran obligados a cerrar", recordaron.

Caro aseguró que los municipios donde se asientan las minas "se quedarían prácticamente muertos, ya que la luz y el agua también desaparecerían porque estos servicios fueron puestos en marcha por y ara la empresa, aunque de ellos se aprovechen el resto de los habitantes".

El secretario general de ese sindicato en Andalucía, Cándido Méndez, calificó la disolución de la compañía como "una burla y una estafa a la Administración por haber aportado subvenciones, y a todo el pueblo onubenese por lo que ello supone".

Tanto la Junta andaluza como UGT y CCOO han rechazado categóricamente esta clausura e igualmente, en los últimos días, la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva expresó su oposición l cierre y aseguró que pondrán todos los medios a su alcance para evitarlo.