EL FSCAL PIDE 349 AÑOS DE CARCEL PARA CUATRO PRESUNTOS ETARRAS POR ATENTAR CONTRA UNA PATRULLA DE LA GUARDIA CIVIL

MADRID
SERVIMEDIA

El fiscal pide un total de 349 años de cárcel para Jesús María Ciganda, Fermín Urdiáin, Juan Carlos Balerdi y Pedro José Echevarría, presuntos miembros del "comando Eibar" de ETA, que serán juzgados mañana en la Audiencia Nacional como supuestos autores de un atentado contra una patrulla de la Guardia Civil en Vergara (Vizcaya), el 19 de agosto de 1988, en el que esultaron heridas de gravedad tres personas.

Los procesados ya fueron condenados por otras acciones del "comando" perpetradas entre 1987 y 1989, aunque todavía no existe resolución sobre su pertenencia a banda armada, ya que la vista oral por esta causa fue en la segunda mitad del pasado mes de febrero.

Según el ministerio público, los cuatro acusados sustrajeron a punta de pistola un vehículo en la localidad vizcaína de Amorebieta para utilizarlo como coche-bomba un mes antes del atentado.

ras identificarse como miembros de ETA, los presuntos etarras condujeron el coche hasta un camino forestal, donde dejaron atado a un árbol a su propietario, que fue rescatado por agentes de la Policía Municipal seis horas más tarde.

El automóvil fue preparado con una carga explosiva de 20 kilos de amonal y 40 kilos de tornillería. El día señalado, los procesados condujeron el coche hasta el kilómetro 74 de la carretera comarcal C-6.213, en el barrio de Mekokalde, que fue accionado a distancia al paso e una patrulla de la Guardia Civil formada por tres vehículos.

La explosión alcanzó al segundo automóvil e hirió de gravedad a sus tres ocupantes, los guardias Francisco Javier Rodríguez, Nazario López Salvador y Juan Rodríguez Blasco, además de causar daños materiales por valor superior a los 5 millones de pesetas.

El fiscal considera que los hechos constituyen delitos de robo con toma de rehenes, atentado, asesinatos frustrado y terrorismo, de los que estima autores materiales a Ciganda, Balerd y Urdiáin, y cómplice a Echevarría, por alojar, transportar y apoyar a los miembros del "comando".

Para los tres primeros, el ministerio público solicita penas que suman los 285 años de cárcel, mientras que en el caso del cuarto, reduce la petición a 64 años de reclusión.

(SERVIMEDIA)
03 Mar 1992
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