Asimismo, el ministerio público solicita para los trece jornaleros también implicados 3 meses de prisión por los supuestos delitos de falsedad y estafa, los mismos que se le atribuyen al alcalde de la localidad.

El fiscal considera la existenia de un fraude a la Hacienda Pública, del que acusa sólo al alcalde, por el que pide una pena de seis meses un día de cárcel y una multa de 50 millones de pesetas. La acusación particular estima que la responsabilidad civil subsidiaria ha de recaer en el Ayuntamiento de Iznalloz. Mientras, los siete abogados de la defensa han reclamado la absolución de los jornaleros.

El informe fiscal argumenta la existencia de los delitos de falsedad y estafa, manteniendo que los impresos que recogían los datos de os trabajadores para percibir el PER eran documentos oficiales y que hubo intención de engañar, tanto por parte del alcalde como de los braceros.

Además, según el representante del ministerio público, el ánimo de lucro fue el que presidió todo el proceso de firmas de peonadas no trabajadas por los parados de Iznalloz.

El abogado del Estado ha insistido en que la norma debe cumplirse sin entrar en consideraciones sobre su bondad y ha cuestionado el estado de necesidad de los beneficiarios del subsdio, alegada por la defensa de los mismos.

Por otra parte, el pleno de la Diputación Provincial de Granada aprobó hoy, con los votos del PSOE e IU, una moción presentada por los socialistas en apoyo a los alcaldes y jornaleros procesados en la provincia de Granada por los distintos casos de supuesto fraude al PER.